León, Gto.- El desarrollo de los trabajos de investigación encabezados por la Procuraduría General de Justicia del Estado en seguimiento al homicidio registrado el pasado 25 de febrero por la tarde en calle Río Mayo de la colonia Santo Domingo en la ciudad de León, arrojó elementos de prueba para que el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios solicitara al Juez una orden de cateo.
El mandato judicial se cumplimentó en una acción estratégica y coordinada con elementos de la PGJE y SSPE dentro de una vivienda de la ciudad de León, asegurando vehículos blindados y alterados, así como kilos de drogas y armas de fuego.
El Ministerio Público especializado, junto con Servicios Periciales, y el apoyo de Agentes de Investigación Criminal (AIC) de la PGJE y elementos de la SSPE, incursionaron al interior del inmueble marcado con el número 2416, donde se localizaron cuatro armas de fuego, dos calibre 9mm, una calibre 45, y la cuarta de calibre 38.
Así como nueve vehículos que muestran alteraciones en sus números de serie, uno de ellos marca Chevrolet Suburban color blanco sin placas, blindado; un Volkswagen Jetta color negro-gris; Nissan Estaquitas color blanco; Chevrolet Town Country color azul marino; un Chevrolet negro; una vagoneta Honda Odissey color dorado; un Volkswagen Bora color blanco; un Hyundai Sonata color blanco; y una motocicleta Italika color verde-negro.
Además de un costal con hierba seca y verde de características de la marihuana, contabilizando un total de mil 600 dosis, y envoltorios plásticos que contienen sustancia blanca y granulada de características del cristal, siendo 100 dosis. También los peritos recabaron diversos cartuchos percutidos de grueso calibre.
Este aseguramiento se integra a la carpeta de investigación sobre el crimen acontecido en dicho inmueble, a fin de que se esclarezca el caso, importante es mencionar que el cadáver continúa como No Identificado.
El seguimiento del caso se realiza conforme a las reglas del Sistema Procesal Penal Acusatorio, que exige ceñimiento a las disposiciones sobre publicidad y reserva de datos de asuntos en trámite contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.