By Por ÍÑIGO JAVIER RODRÍGUEZ TALANCÓN.
“La chapuza acusa…”
(Proverbio popular)
Recuerdo un evento, que para muchos pareciera ya olvidado. Sucedió durante la primera ocasión en que este inefable personaje fue alcalde de Celaya (1988-1991), por el PRI: la adquisición de una abultada deuda por nuestro organismo operador del agua potable, la JUMAPA. El objeto era financiar la rehabilitación total del sistema hidráulico de nuestra ciudad.
Durante los años de 1990 y 1991, las obras materiales inherentes fueron supuestamente ejecutadas en su totalidad. Sin embargo, el enorme adeudo adquirido ($29,773,328,913 de viejos pesos, 390 millones de pesos actuales), contratado para redimirse en diez años, resultó impagable según los términos originalmente contratados. Terminó liquidándose en más de 25 años, con el pago de casi cinco veces el adeudo original en términos reales (¡más de 1,950 millones de pesos!) después de varias gravosas renegociaciones con el acreedor, BANOBRAS. Esto determinó un gravísimo daño patrimonial a nuestro municipio. Fue un pésimo negocio para Celaya, y lo peor de todo es que muchas de las obras anunciadas nunca fueron ejecutadas.
Sin embargo, como reza el proverbio, no hay crimen perfecto, y siempre queda una huella indeleble de cualquier fechoría; en este caso, la rehabilitación integral anunciada para JUMAPA de su sistema hidráulico (40,109 tomas domiciliarias de acuerdo con el contrato de empréstito de fecha 16 de febrero de 1990, folios del 02243 al 02254, celebrado con Banobras) fue solo en parte realizada (quizás ni al 50%). Prueba irrefutable de esto la constituyen la multitud de obras parciales que se han venido ejecutando desde aquel tiempo.
Esto debería colocarnos a todos los celayenses en una tesitura de escándalo, independientemente del tiempo transcurrido, pues uno de sus actores principales, Javier Mendoza Márquez, es actualmente el alcalde de Celaya, y además ha amenazado con buscar seguir gobernando.
Puede hacer al caso abrir aquí un paréntesis: muchos corruptos del pasado piensan con ingenuidad que ya la libraron sobre la responsabilidad de sus tropelías, que su impunidad ya se selló y pueden gozar sin pendiente del producto de sus rapiñas, porque los crímenes de su comisión legalmente ya prescribieron; pero no es así: los delitos contra los patrimonios públicos que han sido encubiertos, son delitos cuya comisión es continuada en el tiempo, y su prescripción no comienza sino hasta que son develados de su doloso encubrimiento; no hago aquí sino traer a cuento un criterio judicial sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y también por altos tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
No deja de sorprender que el partido Acción Nacional, que en su momento fue un tenaz impugnador del gobierno ilegítimo de Mendoza Márquez (su elección en 1988 fue tachada de fraudulenta) y de la advertida corrupción que le caracterizó, lo haya postulado como su candidato hace tres años, y ahora pretenda presentarlo a la reelección.
Es claro que el PAN, en un exceso de pragmatismo sustentado en la desmemoria sobre el pasado público de su ahora designado candidato, vaya en contra de sus postulados históricos de repudio a la corrupción pública y a sus personeros, como lo es el susodicho.
Aunque percibo que esta pretendida reelección contradice el sentir de la mayoría de la base panista y de sus simpatizantes; como he sostenido en otras colaboraciones corresponde, más bien, a la imposición de un reducido grupo de empresarios, algunos relacionados directamente con esta -como asoma por los indicios mencionados- escandalosa historia de corrupción sucedida en Celaya hace más de treinta años y sobre la cual el alcalde está obligado a responder, y a la cual habrá que enfrentar durante su campaña electoral.
Continuará…
