Celaya

Ex funcionarios ‘tranquilos’ pese a supuesto ‘daño al erario público’ de 1 mdp

CELAYA, Gto; Pese al aparente “daño al erario público” por 1 millón de pesos, tanto el expresidente municipal, Ismael Pérez Ordaz como el ex titular de comunicación social, Alejandro Valdés García se dijeron abiertos a cualquier tipo de investigación de los procesos de manejo de dinero público durante su labor pública en la administración 2012-2015.
Lo anterior luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASEG) calificara como irregular la entrega que se realizó a la promotora M anterior encargada del equipo de fútbol Celaya, del recurso, debido a que no se justificó el destino y aplicación de los recursos, pues no se cuenta con evidencia de lo pactado.
Al respecto, Pérez Ordaz dijo que se siente seguro de que durante su administración y específicamente en el asunto de la promotora M, las cosas se hicieron con toda legalidad, por lo que consideró que sólo es parte del trabajo de la ASEG y que como esta, sin embargo, dijo que ya se encuentra siendo asesorado por su equipo de abogados.
“Ya traemos un grupo de abogados que nos están asesorando y nos están diciendo cómo están las cosas” Dijo.
Por su lado Valdés García, dijo no haber sido notificado al respecto y consideró que el gasto se solventó bien y que la observación que hace la ASEG es cosa de criterios porque “no creen ellos que sea suficiente la solventación sería cosa de aclararlo cuando se me requiera”
“El día que reciba alguna notificación de acuerdo a la ley tendremos que aclarar o establecer la información (…) el día en que el ayuntamiento me pida que esté con ellos, estaré con ellos, el día en que la contraloría me lo pida, yo estoy con él todo tiene que ser a nivel legal, yo no puedo llegar ahí y darles información que no se me ha pedido”.
SE BLINDARON CONTRA PROCESOS ASEG
Además, el ex Alcalde confirmó la contratación de un seguro de responsabilidades administrativas civiles y penales, que cubre hasta 10 millones de pesos ante cualquier irregularidad por el manejo de recursos municipales, que tuvo un costo de 153 mil pesos cargados al erario público.
En términos generales explicó que “Esto lo que hace es que, si hay algún problema o algún litigio, si tuviéramos que enfrentar alguna cuestión judicial ellos pondrían un grupo de abogados que nos atiendan para que puedan salir las cosas de la mejor manera”.