By José Luis Ramírez
El tema del agua, hoy es un asunto social de primer orden, la población está recibiendo agua de dudosa calidad, y en algunos casos, literalmente veneno. Eso no es un secreto para el gobierno municipal, ni para los consumidores de las comunidades y las colonias de la zona norte.
La Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) señala en su parte introductoria que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud.
De acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de agua y Saneamiento, efectuado por la OMS y UNICEF, se considera agua potable aquella utilizada para los fines domésticos y la higiene personal, así como para beber y cocinar. En el mismo sentido, agua potable salubre es el agua cuyas características microbianas, químicas y físicas cumplen con las pautas de la OMS o los patrones nacionales sobre la calidad del agua potable.
Dicho Programa señala que una persona tiene acceso al agua potable si la fuente de la misma se encuentra a menos de un kilómetro de distancia del lugar de utilización y si uno puede obtener de manera fiable al menos 20 litros diarios para cada miembro de la familia; el acceso de la población al agua potable es entendida como el porcentaje de personas que utilizan las mejores fuentes de agua potable, a saber: conexión domiciliaria, fuente pública, pozo de sondeo, pozo excavado protegido, surgente protegida y aguas pluviales.
Saneamiento básico: de acuerdo con el citado Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento, es entendido como la tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano, tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios
A través de una reforma constitucional al párrafo sexto del artículo 4o., publicada el 8 febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, dicho precepto a la letra dice:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. “
Un año antes, el 10 de junio de 2011 se reformó el artículo 1o. constitucional, para establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Igualmente, artículo 115, fracción III, inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tendrán a su cargo, entre otras, las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Las preguntas obligadas son: el municipio sigue distribuyendo agua contaminada en las colonias de la zona norte, desde las potabilizadoras la Herradura y Gobernadores, que fueron diseñadas y construidas solamente para la remoción del arsénico. El flúor que es un contaminante potencialmente dañino, está presente en ese líquido, de acuerdo a las pruebas presentadas a la Contraloría Municipal. A pesar de ello, a la fecha no hay ninguna acción probada y comprobada que haya solucionado esa gravísima situación.
Las comunidades de San Juan de la Vega, San Miguel Octopan, Tenería del Santuario, Galvánes entre otras, reciben agua con flúor y arsénico. Los derechos humanos de las personas desde el punto de vista jurídico están siendo violentados; desde el punto de vista real, y objetivo, miles de personas sin saberlo, ingieren diariamente veneno que va restando su calidad de vida, hasta dañar sus huesos, riñones, y en los niños sus capacidades intelectuales. ¿Quién ha levantado la voz?
En octubre del 2018, Alianza Ciudadana presento a los regidores, a la presidente municipal una solicitud para que las potabilizadoras de la Herradura y Gobernadores se repararán, y posteriormente una denuncia a Contraloría Municipal. La Contraloría Municipal, a partir de las pruebas presentadas, determinó que la denuncia estaba fundada y que había responsabilidad de Jumapa, y en el caso particular, de un empleado responsable de la calidad del agua. En síntesis, Jumapa distribuye agua envenenada desde las potabilizadoras que costaron cerca de 35 millones de pesos. ¿Hay alguna solución o respuesta con respecto a la reparación de las plantas? No, no la hay.
En septiembre del 2019, Alianza Ciudadana, presentó 5 propuestas en COPLADEM para el Plan General de Obra del 2020, entre ellas estaba la construcción de potabilizadoras –que sí funcionen- para las comunidades antes mencionadas. Invertir en la salud de la población, y respetar el derecho humano al agua potable era la intención.
En el curso de la semana se presentó el Programa General de Obra 2020 (PGO), y al parecer de las propuestas presentadas por Alianza Ciudadana, solo se contempla la construcción de Plantas Potabilizadoras en San Miguel Octopan, y otra en Camargo, además del puente peatonal en la comunidad de Galvánes. Es necesario revisar este PGO, aprobado y contrastar el tipo de obra que se realizará porque seguramente, otra vez tiraran el dinero por la ventana, haciendo una burla más de los Derechos Humanos.
Revolcadero.
Los nuevos servidores públicos de primer nivel de la Secretaria de Seguridad Pública, traen seguridad a su alrededor como si fueran ministros de Estado. Y la Comandancia Norte, sigue cerrada porque no hay policías ni equipamiento…
