By Por: José Luis Ramírez
El destino nos alcanzó ayer. Los campos dorados de la Celaya antigua, han desaparecido, y con ellos el agua que brotaba con tan solo hundir un dedo en la tierra. Ahora tenemos unA crisis hídrica, es decir pronto no habrá agua suficiente para alimentar los campos de cultivo, ni para el consumo habitual de las personas. Porque consumimos mas agua, que la que nutre el cielo y las lluvias, a los sitios de recarga.
Pero lo anterior no es todo, el agua que consumimos en algunos lugares no es saludable, por el contrario, decir que está contaminada sería un eufemismo, está envenenada. Esa agua que se consume es una de las causas de muerte y deterioro paulatino de la vida de niños, hombres, mujeres, ancianos. El destino llegó ayer.
Hace 13 meses, para ser exactos el 12 de octubre se solicitó a la Comisión de salud, presidida por María de la Salud García Rodríguez, su intervención, “para remediar el suministro de agua contaminada por Flúor y arsénico que estamos recibiendo en nuestros hogares desde las plantas potabilizadora La Herradura, y Santa Rita”. Esa petición estuvo fundada en el Artículo 58 del Reglamento interior del H. Ayuntamiento de Celaya, que señala: Las Comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la Administración Pública Municipal. En ese momento coincidían dos elementos alentadores, la llegada de una administración municipal representada por regidores que prometían ser la diferencia, y un ánimo ciudadano de cambio.
En esa petición se solicitaba, “frenar el suministro de agua contaminada a los habitantes de estas zonas comprometidas; realización de una investigación compartida con los interesados y afectados, para determinar las causas de las fallas, omisiones o cualquier otra que haya ocasionado que se entregue agua no potable por parte de Jumapa; abastecimiento de agua inmediata de otras fuentes que sea potable; reparación inmediata de las plantas potabilizadoras; certeza de que se ha corregido totalmente los problemas de contaminación; realización de exámenes del agua por un laboratorio externo a Jumapa, donde se examinen todos los elementos que señala la SSA para el agua potable, de acuerdo a la Norma 127 de la SSA; realización de estudios epidemiológicos por parte de a SSA, para evaluar nuestra salud debido a la ingesta involuntaria de agua contaminada por fluoruros y arsénico; realización de una investigación administrativa a JUMAPA para deslindar responsabilidades; actualización del estado que guarda el agua de todos los pozos que administra Jumapa, y que la información se haga pública para generar certidumbre en la población”.
A partir de esa solicitud, en los días siguientes, hubo una reunión donde estuvieron los presidentes de la Comisión de Salud, de Derechos Humanos, Medio Ambiente, Contraloría y Combate a la corrupción, Comisión de Agua potable, y de parte de Jumapa: Patricia Estrada, y de los afectados, Alianza Ciudadana Celayense. En esa reunión, la representante de Jumapa reconoció que las plantas potabilizadoras no estaban diseñadas para la remoción de flúor, y que el arsénico subía por encima de la Norma 127 de la Secretaria de Salud, en épocas de estiaje. El flúor y el arsénico, ambos elementos identificados por ser factores de riesgo para la salud estaban reconocidos de viva voz de la persona que seleccionó los procesos de “potabilización”, y lideró la construcción de las plantas potabilizadoras. En dicha reunión, el acuerdo fue la remediación, y para tener la certeza formal de las deficiencias, se tomó como base uno de los pedimentos: la realización de exámenes del agua por un laboratorio externo a Jumapa. Ese único encuentro, no tuvo una minuta de trabajo, pero quienes estuvieron lo escucharon y lo asintieron.
A partir de ese momento, la regidora María de la Salud, se esfumó, nunca volvió a dar la cara, a pesar de que el Artículo 72, del Reglamento mencionada, señala: compete a la Comisión de Salud y Asistencia Social, la solución de los siguientes asuntos: A. Vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de salud competencia del estado y salubridad local y el control sanitario de (…), y demás centros que pudieran generar problemas de salud pública; C. Coordinar los programas de saneamiento básico en comunidades rurales y populares para prevenir enfermedades e infecciones y salvaguardar la salud; E. Coadyuvar en el cumplimiento de los ordenamientos legales que regulan la integración y el funcionamiento de los organismos paramunicipales. El Reglamento, y su responsabilidad, le importaron menos que un comino.
Vino después la realización del análisis del agua, y como lo escribí en su momento, resultó casi, ¡agua bendita! En ese curso, otro de los regidores que se han ganado a pulso el rechazo ciudadano, Uriel Pineda, declaró ampliamente que no existía un riesgo a la salud por el consumo de dicha agua. La Comisión de Contraloría y anticorrupción, nunca investigó las causas de las deficiencias técnicas y tecnológicas del equipo de potabilización; la Comisión de Derechos Humanos, nunca formuló una declaración por la violación al derecho humano a consumir agua potable. Ninguno, tuvo la mínima preocupación por la salud de miles de personas. Y claro, Jumapa publicó desplegados, repartió volantes señalando la inocuidad del agua.
Al otro día, se presentó una denuncia a la Contraloría municipal, por “el hecho de entregar agua con contaminantes tóxicos, como arsénico y fluoruros, y con ello poner en riesgo la salud y la calidad de vida de los ciudadanos que ingieren dicha agua. Lo cual puede o pudo haber causado daños irreparables a nuestras personas”.
Igualmente se señalaba, que “en virtud de que el Organismo operador y encargado del suministro del agua potable, es JUMAPA, debe considerarse como el principal investigado de esta violación a nuestro derecho a la salud, y al quebranto del cumplimiento legal que por mandato de la Ley Orgánica Municipal y Reglamento tiene en relación a entregarnos agua potable de acuerdo a la NOM-SSA1-NM-127”.
Para fundamentar la denuncia, se anexaron elementos probatorios, entre otros, uno muy importante: Documento público de JUMAPA donde señala los antecedentes de la Creación de la Planta potabilizadora la Herradura, su costo, su tecnología, su mantenimiento y los beneficiarios”, y otro no menos importante: el oficio no. 0631/DS-EXT/2018 del lab. De Jumapa, en donde se registran por encima de la Norma, los fluoruros.
Decenas de miles de personas, desde hace años han usado agua que ha estado bajo sospecha de estar contaminada, o envenenada. Los habitantes de las Colonias la Herradura, Brisas del Carmen, Gobernadores, Santa Rita, Villas de la Esperanza, Los Pirúles, Los Olivos, y mas colonias aledañas, seguramente lo sabían a raíz de diversas declaraciones oficiales, pero en los últimos 13 meses, esa sospecha creció y a pesar del esfuerzo por ocultarlo o minimizarlo, la verdad está apareciendo.
Ayer, 21 de noviembre, la Contraloría municipal notificó a los denunciantes, el “Acuerdo de calificación de conducta”. Donde determina “LA EXISTENCIA DE ACTOS U OMISIONES que la Ley vigente al momento de la conducta señala como falta administrativa, misma que es calificada como NO GRAVE, y se considera como PRESUNTO RESPONSABLE al Servidor Público JUAN ROGELIO LUGO RODRIGUEZ, quien se desempeña como “Jefe del departamento de Calidad de Agua”, en la dirección de Saneamiento de la Junta Municipal de agua potable y alcantarillado de Celaya”. Lo anterior, demuestra que la denuncia estuvo fundada en la verdad, y que muchos servidores públicos fueron responsables por omisión y comisión, y que sobre ellos pesa no solo “una falta administrativa”, sino también un delito civil o penal, al igual que un merecido repudio social. El acuerdo mencionado, no contempla varios ángulos de la denuncia, y desde luego, quedan muchas lagunas por aclarar, pero por lo pronto se presentará un Recurso de Inconformidad por la calificación que la Contraloría Municipal, le otorgó a la “Falta cometida”. Jugar con la salud y la vida de la población, no solo se da en las calles o en los tiroteos…
Revolcadero. Queda vacante la Dirección de Seguridad Publica: propongo al Secretario de Seguridad ciudadana, Juan José González González. Así nos ahorramos pérdidas económicas, sustos, daños al patrimonio municipal, corajes, y un salario. ¡No pasa nada!
