Dadivas, ética y mentiras.
Por: José Luis Ramírez
Difícilmente quienes llegan a un puesto de administración o gobierno logran conjugar el verbo SERVIR. Esa palabra debería de ser su primera tarea antes de pensar en involucrarse en el servicio público. Para tener una idea clara, debemos entender que los servidores públicos, de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son: los representantes de elección popular; los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal; en general, los funcionarios, empleados o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal;
Por su parte, el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala, que, serán considerados como servidores públicos “a todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos federales”.
Quizá una de las obligaciones principales de los servidores públicos es la de aplicar con imparcialidad los recursos a su cargo o responsabilidad, y se encuentra estrechamente vinculada con los principios aplicables para su administración, los cuales se hallan enlistados en el párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se ordena que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones, deberán administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
En congruencia con lo anterior, en el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se señala expresamente que es obligación de todo servidor público, utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a los que se encuentren afectos.
Esta obligación se resalta tratándose de los recursos destinados al gasto social. Precisamente por ello, y para evitar el indebido aprovechamiento de los programas sociales con fines partidistas o electorales, es que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la publicidad que adquieran las dependencias y entidades para la difusión de programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población, se debe incluir de forma clara, visible y audible la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
La obligación anterior es semejante a aquella aplicable a los programas de desarrollo social, mismos que en términos del artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, se deben identificar con el Escudo Nacional e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.
Es preciso advertir, que la utilización de los recursos públicos para fines distintos a los que se encuentren destinados conforme la ley, puede dar lugar a diversas infracciones de índole administrativa.
Así, por ejemplo, en el artículo 223 del Código Penal Federal se dice que comete el delito de peculado, todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.
De igual forma, en el mismo ordenamiento se dice que comete delito de peculado el servidor público que indebidamente utilice fondos públicos con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.
Me llama la atención, que en el mes de diciembre, el corazón de los servidores públicos, sobre todo aquellos elegidos por el voto, se les enternezca y les dé por entregar cobijas como si fuera un presente o un regalo personal, engañando a la gente con su supuesta generosidad. Dichas cobijas se han pagado con el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos, de tal manera, que “solo están saludando cínicamente con sombrero ajeno”. Es necesario que dichos apoyos, se etiqueten con una leyenda que señale el lugar u origen económico del bien que se entrega, señalando que es, o fue comprado con dinero de los contribuyentes.
Es muy claro, que al entregar o prometer recursos públicos en dinero o en especie, servicios, programas públicos, dádivas o cualquier recompensa, se hace implícita o explícitamente para la promoción personalizada de estos servidores públicos. Y le puedo asegurar que eso no es un acto de gobierno, ni administración de la tesorería publica.
Es repugnante que estos servidores públicos se aprovechen de la pobreza de la gente, para medrar y “ganar simpatías”, denigrando a las personas en “mítines” o reuniones en lugares públicos como lo hizo en el centro Impulso de Monte Blanco, Paolo Bañuelos con sus “cobijas ligeritas que sí calientan”. La ciudadana Paniagua, tampoco perdió oportunidad de encobijar simpatías con sombrero ajeno; igualmente los tres cuervitos de Javier Mendoza entregaron cobijitas a quienes alguna vez prometieron sacar de la pobreza. Como usted ya sabe, ningún de estos émulos de reyes magos mencionó que el dinero para compra de las cobijas no salió de su bolsillo.
La obviedad del trato desigual, queda muy clara en cuanto al número de beneficiarios, por ejemplo, en el Dif se repartieron 2700 cobijas, cuando tenemos un universo de mas de 200 mil personas en condiciones de pobreza. De cierto, en esta entrega hay un trato discriminatorio, porque se debe otorgar a todas las personas igualdad de trato en igualdad de situaciones. Pero el “regalo” llevaba mensaje partidista. Está claro, que ningún servidor público, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia, no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, y mucho menos cuando se discrimina por razones políticas.
Sin transparencia, sin ética y sin integridad pública la corrupción, la violencia y la impunidad seguirán aumentando porque la pobreza no se mitiga con cobijas -aun con la limitante que solo son para un reducido grupo de “simpatizantes”- sino con trabajo, cultura, educación, salud, deporte, y desde luego eso es lo que deben impulsar los servidores públicos, que por cierto, para eso se les paga. Y sí, creo que no hay problema en que regalen, solo que deben hacerlo con su dinero, tal como debe ser un verdadero regalo, lo demás son viles y llanas mentiras.
Revolcadero.
La “función pública” es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona humana en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.
