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Celaya, Gto; El presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, reconoció que varias empresas constructoras encargadas de obras públicas en el municipio han sido objeto de extorsión. En días recientes, un trabajador de una de estas compañías fue asesinado, presuntamente en relación con este delito.
El alcalde señaló que la administración ha estado al tanto de estos casos y ha tomado medidas como rondines de vigilancia en las zonas afectadas. No obstante, debido al incremento de la violencia, se determinó reforzar la seguridad con presencia permanente de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en las constructoras identificadas como blanco de extorsión.
“Lo hacemos porque es nuestra obligación, pero también porque hay recursos del gobierno estatal involucrados. Si no cumplimos con las obras, nos quitan los fondos y no queremos perder ni un peso”, explicó Ramírez Sánchez.
Sobre la relación del gobierno con el gremio de la construcción, el alcalde mencionó que, en términos generales, las empresas han solicitado mayor seguridad, pero no han hecho peticiones específicas sobre estos casos de extorsión.
También aclaró que muchas de las constructoras afectadas no son locales, sino provenientes de León, aunque emplean mano de obra celayense.
El primer edil reveló que hay al menos tres empresas en esta situación y que actualmente el municipio tiene en marcha con ellas alrededor de 20 obras públicas.
También expresó preocupación por la práctica de subcontratación en el sector, la cual, dijo, será revisada por la Dirección de Obras Públicas.
Respecto a la paralización de proyectos por violencia, el alcalde negó que haya obras detenidas por esta causa, aunque admitió que algunas han tenido retrasos por problemas internos.
