By Ara Morales
En las comunidades del norte de la ciudad de Celaya, desde hace veinte años hay personas que están teniendo graves padecimientos de salud porque se presume que beben agua con arsénico y flúor en altas concentraciones.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el arsénico y el flúor son sustancias tóxicas, que cuando se consumen en pequeñas cantidades, pero en periodos prolongados pueden producir vómito, diarrea, aparecen lesiones en la piel, cambios de pigmentación, dolores en los huesos, fiebre, manchas en los dientes también llamada fluorosis, adormecimiento en diversas partes del cuerpo, llagas, manchas negras que pueden llevar a amputaciones, inclusive otras situaciones como infertilidad, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, insuficiencia renal o incluso la muerte. Eso denuncian en San Miguel Octopan, San Juan de la Vega: dos de las comunidades más grandes del municipio de Celaya, así como en Galvanes, Plancarte, Jáuregui, Tenería del Santuario y La Aurora.
No solamente la extracción de agua, por sí misma, entraña un riesgo de contaminación por metales pesados, pesticidas, o insecticidas, sino el hecho de instalar un pozo en una zona como es el centro del país donde la geología volcánica concentra arsénico y fluoruro, pone en riesgo la potabilidad del agua. El pozo al estar operando durante veinticuatro horas, los siete días de la semana, puede influir para que se intensifiquen los procesos de liberación natural de arsénico y fluoruro, y que en cuestión de minutos pueda cambiar la calidad de agua, sin posibilidad de prevenirlo por la rústica administración de los pozos en la zona rural de Celaya, atendida desde luego por personas diligentes de misma comunidad, pero que no cuentan con los conocimientos técnicos, y operativos. Aún con todas esas evidencias lo preocupante es ¿por qué no hay una reacción de las autoridades tanto municipales, estatales o federales?
Como lo he señalado, desde el año 2000 el municipio tiene perfecto conocimiento del grave problema de salud que acarrea la presencia del flúor y arsénico en el agua, pero sus esfuerzos se centraron en la zona urbana, por cierto, con muy malos resultados. Para la zona rural, solo en la comunidad de Galvanes y Jauregui se construyeron modestas purificadoras de agua para rellenar garrafones, que fueron vandalizadas y abandonadas.
A raíz de las constantes denuncias, de Alianza ciudadana, es hasta 2020 que en el plan de priorización de la Comisión de Salud y Asistencia Social del COPLADEM, aparecen las primeras obras para atender la problemática que ha afectado la salud de miles de celayenses de la zona nororiente.
Los proyectos de priorización de obra del 2020 en COPLADEM fueron para 5 comunidades, Camargo, San Martin de Camargo, Galvanes, Jauregui, San Juan de la Vega y La Aurora.
Le comparto que desde abril del 2016 los habitantes de Camargo y San Martín de Camargo, detectaron que el agua con consumen contiene arsénico, y desde esa fecha hicieron una solicitud a la Secretaria del Ayuntamiento, para que les instalarán una planta potabilizadora, proyecto que no se ha concretado hasta el día de hoy. Recuerde que los comités de agua rural, dependen -absurdamente- de la Secretaría del Ayuntamiento.
En Galvanes y Jauregui (número nueve, con doscientos cincuenta puntos en la priorización), se consideraba la rehabilitación de plantas purificadoras para rellenar garrafones con costo, en Galvanes y Jáuregui. En la comunidad de Galvanes hace unos años les construyeron una planta purificadora, pero un día antes de ponerla en marcha fue vandalizada. En ésta comunidad tienen que comprar por familia, al menos tres garrafones a la semana, porque saben que el agua de su pozo está contaminada. El 80% de los habitantes tiene los dientes manchados, afectación que se conoce como fluorosis. Hasta el día de hoy la planta purificadora de agua no ha sido reparada. En la comunidad de Jáuregui reconstruyeron la planta, pero aún no se pone en marcha.
En la posición número catorce, con doscientos puntos, se priorizó la construcción de plantas potabilizadoras en San Juan de la Vega, una de las comunidades más grandes del municipio, pero no se realizó nada. Se construyó en la comunidad de La Aurora, una pequeña planta purificadora de ósmosis inversa para rellenar garrafones, el pronóstico era de 300 garrafones por día y la inversión fue de 1 millón 341 764.37 pesos…pero los vecinos denuncian que la encargada solo atiende unas horas al día, y detectan que llena garrafones para revender en su tienda.
En Tenería del Santuario donde los casos de insuficiencia renal se han incrementado, los vecinos comentan que les han dicho que ya pronto les pondrán la planta potabilizadora, pero no hay indicios de la construcción de dicha planta. Los habitantes de Tenería, además de pagar su cuota normal al comité de agua rural, también tienen que comprar garrafones para cocinar y beber por los notorios casos de daño renal. En resumen, de 5 casos analizados en el 2020, técnicamente viables y necesarios, desecharon 3, concretaron uno, y otro lo dejaron comenzado.
Es de hacer notar, que las denuncias por el suministro de agua envenenada, estuvieron en manos de los regidores, y particularmente en conocimiento de la entonces ex regidora Independiente , y presidente de la Comisión de Salud, María Salud García Rodríguez, su intervención fue insensible, y de prácticamente desprecio a la salud de niños, mujeres, y todos los habitantes, y no solo en la zona rural, sino también en la zona urbana como lo he señalado. Hoy es sindica en el actual Ayuntamiento.
En el programa de priorización 2021 de la comisión de salud de COPLADEM, encontramos lo siguiente: en la posición número 1, con 370 puntos, se vuelve a considerar la construcción de plantas potabilizadora para rellenado de garrafones, en Tenería del Santuario, San Martin de Camargo, y se incluye a Santa María del Refugio. En el recorrido en campo, que realice en el mes de abril del 2022, la población no tenía la menor información de esos acuerdos, y mucho menos, había indicios de construcción.
En la posición número tres, con 320 puntos, como ya lo mencionaba, se volvió a considerar la rehabilitación de planta potabilizadora para envasado de garrafones en la Comunidad de Jáuregui, las últimas noticias que me hacen llegar sus habitantes, es que se reconstruyó, pero no está terminada. Resumiendo, dentro de las obras proyectadas en el programa de priorización de obra del año 2021, solo se consideran tres comunidades, y los anteriores proyectos que se habían avanzado, se desechan. Debo decirle que no son grandes obras, su costo oficial no rebasa el 1.5 millones de pesos, y con sobreprecio; generan 300 garrafones en 24 horas continuas. A pesar de los daños a la salud en esta zona de enormes carencias sociales y económicas, el presupuesto se reasigna para cosas de menor importancia.
Desde que me integré a la comisión de Salud y Asistencia Social del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de Celaya en Diciembre del 2021, he denunciado ante los medios de comunicación, consejeros y personal de IMIPE la contaminación por flúor y arsénico en el agua de la zona norte de la ciudad, y solicitaré para el programa de priorización 2022: la remediación de las plantas potabilizadoras de La Herradura y Santa Rita, que por error en el diseño de esas plantas, en lo mejor del caso, solo elimina arsénico pero no flúor, y continúa envenenando a los habitantes de las colonias de la zona nororiente, ese “error” fue reconocido por la actual Directora de Control de Calidad de JUMAPA Patricia Estrada, quien por cierto las proyectó.
Igualmente, promoveré con todos los datos técnicos y los antecedentes de gestión y análisis que ya se han dado en Copladem, que se construyan verdaderas plantas potabilizadoras que estén conectadas a la red de agua potable de las comunidades como San Juan de la Vega, Plancarte, Tenería del Santuario, Camargo, San Martín de Camargo, San José de la Presa, San Miguel Octopan y sus colonias como Luis Donaldo Colosio y Los Arenales.
En el caso de Jauregui, y Galvanes es urgente que se rehabiliten las rellenadoras de garrafones, y se gestione un modelo de cooperación independiente, administrado por la Tesorería, mientras se gestiona el suministro de agua, directo a la red de agua potable.
Como lo he expresado, el uso del presupuesto debe ser en los hechos, un modelo de administración justo, equitativo, y con una visión de liberar problemáticas sociales que retrasan el crecimiento de la sociedad, y lastiman los derechos humanos. El derecho a vivir en un ambiente, con salud y oportunidades para una mejor calidad de vida no puede estar subordinado a los intereses mezquinos, egoístas y a la ambición desmedida de los políticos que hoy gobiernan el municipio. La salud es primero.
AL FINAL.
Es imperativo la integración de los comités rurales de agua en una JUMAPA RURAL, así como lo ha hecho la comunidad de Roque, para que la paramunicipal no cierre los ojos ante las situaciones de contaminación, problemas de recaudación de las cuotas, la falta de personal capacitado, la falta de infraestructura hidráulica, drenaje, alcantarillado y calidad en el suministro del agua. Es urgente la realización periódica de los análisis fisicoquímicos de los todos pozos de agua, la instalación de tecnología que permita a la comunidad consumir agua potable y la penalización a los funcionarios públicos que permiten el daño a la salud de los celayenses.
