By Por: José Luis Ramírez
Celaya tiene dos caras sin terminar, una rural y otra semiurbana, ambas son mostradas u ocultadas cuando convenga al interés de los grupos empresariales que se han adueñado de la presidencia municipal.
Las zonas rurales, tienen su propia riqueza, son fuente de alimentos agropecuarios, y claro, de mano de obra barata para las empresas que se crean o amplían en la Puerta de Oro del Bajío. Las comunidades carecen de planeación urbana, y de obras importantes de infraestructura para su desarrollo. Sus servicios municipales son precarios, y particularmente el agua está seriamente contaminada en la zona nororiente, y en otras carecen de un sistema de gestión y administración que les permita el suministro inocuo y sin interrupciones.
JUMAPA es un organismo estrictamente para la zona urbana, con un presupuesto mayor a los 500 millones de pesos anuales; las 64 comunidades de la zona rural, sumando sus ingresos propios, y gastos de operación en la administración y suministro de agua, no supera los 15 millones de pesos anuales. El contraste es muy grande, considerando que más de un tercio de la población vive en las comunidades.
Las juntas de agua potable de las comunidades de Celaya están integradas por voluntarios, y en su mayoría no perciben un sueldo por su trabajo, ni tienen recursos técnicos, tecnológicos, insumos para el mantenimiento preventivo o correctivo. Desde luego, tampoco para la ampliación y mejoramiento de las redes de agua, alcantarillado, y mucho menos para el tratamiento de las aguas residuales. La cloración es la única acción que asume el municipio.
El gasto en obra pública generalmente es pavimentación, y electrificado de zonas prioritarias, pero de manera muy limitada, y la obra sobresaliente, es la típica remodelación de las plazas públicas, sin mayor profundidad. Generalmente, las obras se realizan sin consulta ciudadana, y se emprenden en función de un interés político partidista.
Las zonas rurales, que se encuentran en el perímetro de la ciudad, son codiciadas por los desarrolladores de vivienda porque son predios que pueden adquirir a muy bajo precio para la reventa a particulares, o al mismo gobierno para obras de alto impacto. Y por el lado del agua, a ellos les interesa la “jumapazitacion”, porque les permite obtener el vital líquido de las comunidades, y llevarlo a las zonas de vivienda que construyen y venden.
Algunos de los factores del atraso socioeconómico de las comunidades es la desigualdad en beneficios con relación a la zona urbana, y también, la ausencia o carencia de instituciones municipales que respondan directamente a sus necesidades. La figura legal, de delegado municipal, al paso del tiempo se ha desvalorizado, y ha dejado de responder a la gestoría y representación ciudadana.
Los delegados municipales no son autoridades electas. Cada tres años se realiza un evento de consulta a las comunidades para que propongan al presidente municipal, a las personas que pueden ocupar el puesto, y él, los aprobará. Al aprobarlos se convierten en empleados municipales, que responden por sus actos laborales, directamente a un coordinador general, y al Secretario del Ayuntamiento en particular.
Al pasar de representantes ciudadanos, a trabajadores municipales, están impedidos de representar los intereses genuinos de la comunidad, y pasan en automático a representar los intereses de su patrón, es decir, del presidente municipal en turno. En la consulta popular, también se propone a un subdelegado.
Los delegados municipales, o trabajadores municipales de las comunidades rurales, al surgir de una consulta popular, deberían de tener un perfil profesional acorde a las necesidades y circunstancias socioeconómicas de la población, pero el primer impedimento, es el salarial. De las 64 com…
