By José Luis Ramírez
El discurso de Diego Sinhue como gobernador ha sido como pelota de ping pong, va de un lado a otro, pero no se sale del mismo espacio. En el tema de seguridad, mantiene la especialidad de la casa que los distingue durante los últimos doce años, aventar la pelota para que nunca la vean en su cancha.
Desde su llegada como gobernador, rehuyó asistir a las reuniones de seguridad nacional y cuestionó su eficacia a pesar de la imparable violencia en nuestras calles. En julio del año pasado, después de reunirse con el Presidente de la Republica, dio marcha atrás, y rectificó. En un acto de autohalago, dijo que era de “sabios cambiar de opinión”, pero no cambio la estrategia ni los estrategas. Por el contrario, pidió mantener al ex procurador y Fiscal Estatal, Carlos Zamarripa, quien ha sido testigo camaleónico frente al crecimiento del crimen durante los últimos doce años.
La visita del ciudadano López Obrador, no había sido una casualidad. Dos semanas después, la Sedena en un operativo, detuvo al hombre más protegido, Antonio Yépez, y a su primer círculo de colaboradores. El ciudadano Diego Sinhue y el Fiscal festinaron la aprehensión, como si fuera una acción de su gobierno, pero se desmoronó oficialmente. “El Marro, dijo me traicionaron”.
Este hecho, el más relevante en el ejercicio de seguridad y procuración de justicia, marca un antes y un después, que estadísticamente, de acuerdo a los colegas sabios del ciudadano Diego, es la misma lagartija vuelta de panza al sol.
Según las encuestas de Arias Consultores –tomo los datos relevantes para estas emotivas horas extras-, el ciudadano Gobernador cerró el año 2021, con el 64.2% de ciudadanos que desaprueban su desempeño; el 71.3 no le tiene confianza; el 75.6 califica mal el combate a la corrupción; el 84.8 se sienten inseguros viviendo en Guanajuato; y finalmente, el 82.8% considera que la seguridad está mal. La nota roja, después del encierro del “Marro”, seguía color sangre.
Seis meses después, en Junio de este año, la desaprobación del gobernador bajó a 51.9%; el 63.6% considera que miente; el 69.1 califica mal el combate a la corrupción; el 82% se sienten inseguros viviendo en Guanajuato; y finalmente, el 87.1 considera que la seguridad está mal. En seis meses, aumenta 5,1% la percepción de que la seguridad está mal, en cambio la desaprobación del desempeño del ciudadano Diego baja 12%.
Detrás de esos números y porcentajes está la realidad, y los hechos no mienten. De acuerdo a un análisis de los datos de incidencia delictiva de la SESNSP, de enero a junio de 2021, del total de 17 mil 445 asesinatos en lo que va del primer semestre del año (-3% con respecto al primer semestre de 2020), se presenta un número alarmante de asesinatos de niños y adolescentes con arma de fuego, con 317 casos a nivel nacional, y 27 en Guanajuato. Los niños no saben disparar para defenderse.
Igualmente, el narcomenudeo registra 42,394 casos, con un incremento promedio de 12% en 18 entidades federativas., ocupando Guanajuato el primer lugar con 188 registros por cada 100mil habitantes. El que vende, tiene quien le compre. En los adolescentes y los niños las adicciones siguen aumentando.
Un dato, Celaya está considerada por la SSPC en un Plan anticrimen en 15 municipios del país. La selección tomó en cuenta la cantidad absoluta de homicidios dolosos. El 15 de julio pasado, en una reunión del Presidente con gobernadores, se anunció la puesta en marcha de una estrategia de seguridad pública conjunta para disminuir la incidencia de homicidios dolosos en los 50 municipios más violentos, claro no podía faltar Celaya.
El juego de ping pong con la seguridad y el patrimonio de los guanajuatenses, es literalmente fatal. Pero lo que es peor, es que tenemos al frente por más de 12 años a Carlos Zamarripa, quien debiera procurar la justicia, y por 10 años a quien debiera darnos seguridad, Alvar Cabeza de Vaca. Ellos han acompañado a tres gobernadores, sin detener la ola de sangre, solo la surfean con lujo y estilo.
Tan solo el presupuesto de la recién creada Fiscalía General del Estado, que comanda Zamarripa, tuvo el año pasado 3mil 174 millones de pesos; en Seguridad y Paz Social, se presupuestaron 5mil 771 millones de pesos, destinados a equipamiento y capacitación de los elementos de seguridad; para fortalecer los tres niveles de gobierno para combatir la inseguridad, y para promover estrategias de seguridad en las regiones; fortalecer la participación ciudadana en temas de prevención y seguridad pública; coordinar acciones intermunicipales para combatir y disminuir los índices delictivos. Todo parece indicar que pelean contra los antihéroes villanos de Malver. No hay dinero que les alcance para corretear con helicóptero a fantasmas.
Solo la semana pasada hubo cuatro masacres en Moroleón, Irapuato, Apaseo el Grande y León. En cuatro días murieron 48 personas, entre ellos una niña. La violencia crece, y sus expresiones son cada vez más brutales. ¿Y el dinero para la seguridad y justicia para que sirve?
El 11 de octubre del 2018, Diego Sinhue Rodríguez, señalaba que la estrategia de seguridad, de su antecesor Miguel Márquez Márquez, había fallado. Anunció su nuevo modelo de seguridad, que contemplaba la creación del Consejo Estatal de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera, y construir la seguridad desde lo local para atender de raíz los problemas. Al día de hoy, la seguridad sigue fallando, y los estrategas de la misma, le siguen buscando botones a las corbatas.
Las encuestas son claras, son ciudadanos opinando, expresando lo que viven y lo que sienten. Cuando se exige el cambio de estrategia y estrategas no es un asunto personal, tienen nombres pero más allá de eso, son servidores públicos que “deben conducirse con rectitud; “corresponder a la confianza que les han conferido; tener una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de Intereses personales”. No pueden con la seguridad y la procuración de justicia, no sirven al público, al pueblo, así de simple, para que darle más vueltas, que se vayan y venga aire fresco.
Revolcadero. El gabinete de Javier Mendoza, tiene de todo, regresa mas de los mismo, y se queda lo mismo de más. De ese gabinete depende la suerte de 1mil 23 empleados por contrato, que puede renovarse en octubre si hicieron la chamba electoral.
