By Por José Luis Ramírez
En la percepción ciudadana la elección la gana quien gasta más en propaganda, el dinero se convierte en factor decisivo, no el voto, ni los votantes. Así que el problema no es conseguir votos, sino dinero para conseguir los votos. Paráfrasis cruel, “con dinero baila el votante, y sin dinero bailas tú”.
Debo decirle que el gasto en propaganda: bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, alquiler de espacios para eventos, sueldos, salarios eventuales, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, transporte, viáticos, anuncios en diarios y revistas, anuncios en internet, producción de videos, mensajes en radio y televisión y su difusión, cuestan un ojo de la cara de los contribuyentes, y otro de los inversores, que después nos sacarán el otro ojo que nos queda.
En la lógica de las instituciones electorales, se entrega a cada partido lo que se merece, es decir dinero en razón de la votación obtenida en la elección anterior, cuando debería de entregarse en función de los intereses ciudadanos. Entonces, gana quien más tiene dinero, no quien tiene mayor razón y argumentos para gobernar. Ese es el trago amargo.
Debo decirle que cada partido que compite formalmente en esta elección estatal, tiene un financiamiento otorgado por el IEEG para gastos de campaña en los municipios, el monto total para los 9 con registro estatal, es de 48 millones 848 mil 484.69 pesos. Tomaré dos para contrastar la inequidad de la competencia: Pan recibe $ 15, 262,655.00; Nueva Alianza $ 3, 548,692.00 obviamente se reparte con el mismo criterio entre todas las planillas o candidatos que se postulan en el Estado.
Veamos, el PAN recibe 4 veces más que Nueva Alianza, eso significa que tiene una ventaja económica, y en una lógica básica, obtendría 4 votos por cada uno de Nueva Alianza. Si bien es inequitativo para los partidos, ese sería el mal menor, el mal mayor es para los ciudadanos, ya que ellos son los que no tendrían oportunidad de escuchar, ver, y valorar el tipo de gobierno que ofrecen los partidos por sus limitaciones económicas. Se mide entonces el éxito de los partidos no de los ciudadanos.
El financiamiento de los partidos políticos, tiene como objetivo “evitar o disminuir la incidencia de intereses particulares y poderes fácticos en el desempeño de las funciones partidarias”. En el caso de las campañas electorales, es similar, la sabiduría popular dice, “el que paga manda”, por eso es importante que las campañas sean equitativas y transparentes en sus gastos. Aquí, salta a la vista la conformación de la Planilla del Pan, y el respaldo que le dan los expresidentes municipales, particularmente el de Ismael Pérez Ordaz, que es empresario, ciudadano, o político dependiendo el tiempo de lluvias…
A Ismael Pérez Ordaz lo vimos en la promoción de Javier Mendoza Márquez, como expresidente municipal, ahora lo vemos apoyándolo desde la Asociación del Empresariado Celayense, entregándole un portafolio de proyectos que desde luego tienen un costo, que seguramente beneficiaran a los empresarios que los concreten. Un círculo de beneficio mutuo, que revela que van por todo. ¿Poder fáctico? ¿Son los mil millones de los que habla Javi?
La transparencia en materia de financiamiento, y su fiscalización es el talón de Aquiles de los partidos y de los candidatos. Si la inequidad económica institucional no fuera suficiente para unos, hay otros que recurren al financiamiento grotesco o sutil de terceros para ganar. Gracias a la interconexión de información instantánea desde las redes sociales, la observación ciudadana y la recolección de información, ahora no es fácil esconder los gastos de campaña.
La Ley electoral establece un tope de gastos de campaña, son los máximos que cada partido político puede gastar para realizar las actividades de campaña para una determinada elección. Con ello “se pretende fomentar la equidad de la contienda e impedir que las diferencias que puede haber en cuanto a los recursos de los que disponen los distintos partidos afecten las posibilidades reales de competencia de manera excesiva, además de evitar que los gastos de los partidos políticos fueran desmedidos”.
De cierto, la misma Ley, prevé como sanción al partido que rebase el tope de gastos, una amonestación, una multa o reducción del financiamiento público correspondiente, incluso la posibilidad de nulidad de la elección. Acostumbrados al desánimo, los ciudadanos lo vemos como imposible, pero ahora todo es posible.
Hemos visto como los partidos pequeños, con sus voces pequeñas –el volumen no lo cuantifica el IEEG como gasto de campaña-, se desgarran las vestiduras señalando la pavorosa oleada de propaganda del Pan y su candidato, pero no documentan, no denuncian ni se quejan ante la autoridad correspondiente. Son plañidos al aire, para generar conmiseración, cuando es a la sociedad a quien se lastima en su aspiración de tener una vida distinta con un gobierno diferente.
Hoy sábado, el INE ha recibido de Ara Morales una solicitud de investigación de los topes de campaña, y del uso ilegal de recursos públicos del candidato del Pan, Javier Mendoza Márquez. Los celayenses nos merecemos la verdad, y la honestidad, Javier tiene que explicar sus mentiras.
Revolcadero.
Canacintra, la Asociación del Empresariado Celayense, y otras pequeñas asociaciones, así como algunos medios de comunicación le dan preferencia a Javi por razones de beneficio mutuo, pero la Ley obliga a los primeros a recibir a todos los candidatos de manera equitativa y en iguales circunstancias; y a los segundos, a manifestar si la publicación es onerosa –pagada, en donación, o regalada, finalmente tiene un valor- para cuantificarlo en sus gastos de campaña, y sí es informativa debe ser igual para todos los candidatos. Los romanos decían, “la Ley es dura, pero es la Ley”, solo hay que exigir que se aplique. Esa es la tarea ciudadana.
