By José Luis Ramírez
El día jueves 17 de octubre, los consejeros de Alianza Ciudadana, Enrique Mondragón y Manuel Castilla estuvieron presentes en la Comisión de Derechos humanos del actual Ayuntamiento municipal, que preside Juan Carlos Oliveros, para exponer la importancia de frenar la venta y uso ilegal de juegos pirotécnicos y explosivos porque vulneran los derechos humanos.
Hace 20 años Celaya tuvo una de las tragedias mas dolorosas que aun recordamos: el 26 de septiembre del año 1999, murieron 72 personas, y 350 mas quedaron lesionadas como resultado de una explosión múltiple de artículos fabricados con pólvora.
Si la autoridad municipal, hubiese otorgado de manera correcta el certificado de seguridad, en los términos del artículo 35 de Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que señala, “las instalaciones, almacenes y polvorines serán adecuados para preservar de daño a las personas o a las cosas, así como las medidas para evitar accidentes y robos”, esa tragedia nunca hubiera ocurrido.
Instancias como la de Fiscalización municipal, estaban obligadas de acuerdo a la misma Ley Federal, antes citada, a vigilar que los “comercios y demás establecimientos” cumplieran con las condiciones de seguridad, funcionamiento técnico, ubicación y producción que se determinen en el Reglamento. Ellos no cumplieron, por eso fueron denunciados penalmente con otros funcionarios, y se mantuvieron amparados por más de un año.
Una vez fiscalizado el lugar y observar que cuenta con todo el protocolo de seguridad, es a la Presidencia Municipal a quien corresponde otorgar el visto bueno. Si esta instancia municipal hubiese advertido oficialmente, que los comercios almacenaban cientos de kilos de material explosivo, y no cumplían con las normas básicas de seguridad, entonces la Secretaría de la Defensa Nacional podría haber negado, suspendido o cancelado los permisos.
Según los documentos que aporta el libro, “A quienes se les prohibió el recuerdo”, el 10 de septiembre le fue otorgado el permiso a la Abarrotera Celaya, con el pago módico de $ 150.00, la tesorería extendió el permiso para vender pirotecnia desde el 9 de septiembre al 9 de octubre de 1999. Solo que, en ese sitio, y otros mas, se almacenaban sin mayor cuidado, más 7 toneladas de pólvora en barriles.
A partir de la tragedia, llamada Domingo Negro, la administración municipal subsiguiente, puso énfasis al tema de los juegos pirotécnicos. En el reglamento de Bando de policía y buen Gobierno del Municipio de Celaya, se consideró como faltas contra el orden público y la paz social, “la quema de castillos, petardos, elevar globos aerostáticos artesanos, detonar cohetes o fuegos pirotécnicos”. Igualmente: depositar cualquier tipo de material explosivo en la vía pública o en lugares no autorizados.
El Artículo 43, de dicho Reglamento, señala que “Los elementos de la Guardia Municipal procederán de inmediato a la detención de la persona cuando se trate de una falta flagrante, es decir, que se sorprenda al infractor en el momento de estarla cometiendo o cuando inmediatamente después de ejecutada ésta, lo persiga materialmente y lo detengan”.
A pesar de esa experiencia trágica, la venta sin control, la quema de pirotecnia, el almacenamiento clandestino, la omisión y la corrupción de las instancias municipales pueden generar otra tragedia. En años pasados se incautaban entre 700 y 1200 kilos por temporada, ahora prácticamente no ha habido acciones significativas desde el año pasado.
La importancia de hablar con los regidores sobre este tema, fue minimizada por el regidor Álvarez Alfaro, quien llegó a pasar lista y retirarse. Igualmente, la regidora Varela Rosales, desestimo la información porque no había estadísticas, el domingo negro, le pareció poco significativo.
La intervención del síndico Jorge Armengol, a pesar de no coincidir con el planteamiento de incluir dentro del tema de los derechos humanos a los animales, fue importante porque permitió la reflexión sobre el hecho de que los animales son bienes de los humanos, y la protección de sus bienes, es un derecho humano.
Finalmente, Juan Carlos Olivares, destacó la importancia del tema y se generaron varios acuerdos: trabajar en una campaña de sensibilización, para difundir que hay una prohibición expresa para la quema de pirotecnia, y otra para informar sobre los daños que se pueden ocasionar por el almacenaje, venta y comercialización inadecuada, e ilegal.
Igualmente, se destacó que hay una omisión al Bando de policía y buen gobierno, por parte de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. En el curso de ese mismo día, nos enteramos que se crearán mesas de trabajo sobre Derechos humanos, con dicha Secretaria para analizar el tema.
Quebrantar los derechos humanos, es jugar con fuego. La tragedia no se olvida, e irónicamente algunos de los responsables están a la vista.
Revolcadero. Nepotismo, tráfico de influencias serán la sombra que pese sobre la servidora pública, María de la Salud García Rodríguez, por sacar del desempleo a su hermana, e incorporarla en la nómina de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. El carismático Gerardo Sierra, regidor con licencia, padece de la misma maña, al sacar de la precariedad laboral a su círculo sentimental y familiar. Ambos, mostraron el cobre, y pensar que son tan jóvenes…
