CELAYA: impunidad y violencia
José Luis Ramírez
Los muertos que arrastró la corriente en el río Laja en las últimas tres semanas no prendieron la alerta como la epidemia de extorsiones que se desató de un día para otro. Ya había antecedentes de que las amenazas podían escalar a una violencia que pusiera en riesgo la vida de las personas, pero la autoridad municipal, lo negó. En respuesta, algunos afectados, con solo cuatro días de anticipación, aprovechando la confusión y la desesperación de decenas de personas, convocaron a una marcha en contra de las extorsiones sin medir el alcance y el riesgo. El saldo aun nos tiene con la mirada baja y una tremenda rabia e impotencia que nos quema el alma.
La impunidad con la que actúa la delincuencia callejera no es casualidad, es consecuencia de la omisión de la Ley, y la corrupción de servidores públicos. Uno existe gracias al otro. Y no es de ahora, ni creció por arte de magia.
La vulnerabilidad ciudadana se agudizÓ en los últimos seis años del gobierno Miguel Márquez. Durante su mandato el corredor industrial, León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, se convirtió en territorio libre para la violencia y el crimen. Los Apaseos, Cortázar, Salvatierra, Villagrán, Tarimoro, Acámbaro, Juventino Rosas, San Miguel de Allende, Pénjamo comenzaron a colorear la nota roja cotidiana. Ahora, nuestra tierra está empañada de sangre: Irapuato ocupa el 4to. lugar dentro de las ciudades mas violentas del mundo, y Celaya es la numero 32.
De acuerdo con las cifras de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato se posicionó en el 2018 como la primera entidad a nivel nacional con mayor número de homicidios (dolosos y culposos) debido a que se registraron 4,298 casos. En este año, de enero a marzo, el estado con mayor violencia en el primer trimestre de 2019, fue Guanajuato con 947 asesinatos, se abrieron 727 carpetas de investigación por homicidio doloso, es decir 542 casos más que en 2015, cuando la cifra era de 185 carpetas.
El pasado nos alcanzó. Dinero y poder político para atacar el fenómeno de la delincuencia lo hubo, y a manos llenas. En los seis años de gobierno del ciudadano Márquez, gastó 27 mil 375 millones de pesos en seguridad pública y procuración de justicia. No es una cantidad despreciable. Le doy un dato, la instalación de la empresa Honda tuvo un costo 16 mil 800 millones de pesos, y la planta de transmisiones automáticas que construyo Ford en Irapuato costó 1 mil 600 millones de pesos, comparando esas dos inversiones con el gasto de Miguel Márquez, todavía sobrarían 8 mil 975 millones de pesos.
Miguel Márquez, señaló las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, y particularmente al artículo 19 constitucional como las causantes de la impunidad, cuando la entrada en vigor fue el 18 de junio del 2016, cuatro años después de haber iniciado su gobierno. Diego Sinhue, había votado favorablemente esas Reformas.
Las respuestas de Miguel Márquez a la inseguridad, no son diferentes a las que ha implementado ahora Diego Sinhue. Es mas, quienes están al frente de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública son los mismos. Predecir un giro a su actuación es imposible, por eso es necesario revisar lo que hicieron y lo que están por hacer.
Cada respuesta de Miguel Márquez desde su discurso, era irrefutable. Presumió la llegada de la policía militar, la policía federal, y junto con la policía estatal y municipal crearon el “mando único”, el “mando mixto”, el grupo de “coordinación” para darle seguridad a los municipios inseguros. Además en los últimos meses de su mandato creo una zona habitacional para mas de 3mil militares y sus familias en Irapuato –la 4ta. Ciudad más violenta del mundo-, y fue mas lejos, propuso la creación de escuelas preparatorias militarizadas. Estas últimas forman parte de la agenda de Diego Sinhue.
Celaya no ha sido ajena al gobierno estatal en el tema de la seguridad. Prácticamente, todos sus jefes policiacos han tenido el visto bueno o la recomendación estatal. A pesar de un presupuesto que ha crecido a poco menos de 500 millones de pesos anuales, los resultados en la prevención del delito y la violencia han sido negativos. Con Ramón Lemus, hubo una baja de mas de 188 policías, 14 asesinados y seis desaparecidos. Hoy las sumas y restas de policías solo sirven para generar confusión y el dispendio de recursos públicos. Nuestra policía municipal, la de base, está a dos fuegos, y mermada por la desconfianza ciudadana.
En boca de Miguel Márquez y ahora de Diego Sinhue, presumieron la corrupción de la policía municipal, pero nunca mencionaron el acoso sexual a las policías, el maltrato laboral, la inseguridad social: seguros médicos, seguros por fallecimiento o desaparición, mandos altos corruptos o negligentes. Pocos esfuerzos se destinaron a cambiar las cosas, y las consecuencias están a la vista: hemos ocupado los primeros lugares a nivel nacional en robos violentos a negocios, automóviles, transeúntes, asesinatos, extorsiones, pesar de la “acción coordinada” de las diferentes fuerzas armadas.
Los líderes empresariales, comerciales, políticos, colegios de profesionistas, y religiosos, al repuntar los hechos delictivos llamaban al gobierno a realizar “acciones inmediatas y eficaces para poner un alto a la grave inseguridad que se vive en la entidad”, pero luego callaban, y lo han hecho por meses.
El golpe de Timón guachicolero de este año, removió el avispero de dentro y fuera, y no pasó a mas. La ocurrencia de Diego Sinhue de crear una escuela para la formación policial, en el corazón del huachicol, mantenía la misma receta, mas policías, mas enfrentamientos mediáticos, y cero desarrollo social. Meses después seguíamos ocupando tercer lugar nacional en el robo de hidrocarburos con 287 perforaciones. Los datos actuales son un secreto explosivo.
El asesinato de las personas por oponerse a la extorsión, después de la pequeña protesta realizada el lunes en la presidencia municipal, nos ha puesto en alarma. No hay seguridad, la vida y el patrimonio de los celayenses depende de funcionarios incapaces, omisos y corruptos, y si a ello le sumamos la indiferencia, pusilanimidad e incapacidad de los 15 miembros del Ayuntamiento, nos encontramos en un laberinto sin salida. No hay grandes remedios, a pesar de los grandes males.
La llegada de mas policías estatales, es el pan con lo mismo, se requiere la organización y movilización ciudadana de manera consciente, coordinada e inteligente, el reto es obligar a los servidores públicos a que realicen su trabajo de manera profesional y honesta, pero no suplir su trabajo. Las manifestaciones para expresar nuestra inconformidad, no necesariamente deben ser públicas. Hay otras vías, y debemos meditarlas. La irritación y el enojo deben ser el motor, pero no deben cegarnos. Celaya necesita gobierno.
Revolcadero.
Dicen los regidores que “cerraran filas”, mejor que cierren sus oficinas y se vayan. Da lo mismo.
