By Redacción
Por: Íñigo Javier Rodríguez Talancón.
El teatro político suele valerse de ficciones bien articuladas para mantener vivas las pasiones del electorado. En el proceso interno de selección de candidaturas de Morena, la promesa central descansa sobre un mecanismo pretendidamente científico e insobornable: la encuesta de popularidad. Sin embargo, la brecha entre este relato democrático y la realidad metodológica abre interrogantes que exigen una revisión crítica.
Medir el posicionamiento real de un personaje en una comunidad es un ejercicio complejo. La historia local ofrece lecciones esclarecedoras. En el año 2002, una medición profesional aplicada en Celaya evaluó el conocimiento público de Manuel Bribiesca Godoy. El aspirante a la presidencia municipal reunía atributos de altísima exposición mediática: primer esposo de la entonces primera dama de la nación, Martha Sahagún, y una dilatada trayectoria dentro del PAN local. El resultado, riguroso, arrojó que apenas un 19% de los encuestados sabía quién era o había oído hablar de él.
Si un perfil con semejante penetración nacional y local apenas rozó la quinta parte del reconocimiento público en un estudio representativo, resulta pertinente cuestionar el alcance real de algunos de los actores locales contemporáneos.
Asistimos ahora a los primeros movimientos rumbo a las definiciones partidistas en el municipio. El auto destape del regidor Miguel Villanueva Floresvillar como aspirante a la alcaldía por Morena abre este escenario. Su narrativa apela, como manda el guion oficial, a ganar la nominación demostrando su posicionamiento en esa eventual encuesta interna.
La contradicción salta a la vista. En una encuesta estricta, basada en muestras probabilísticas entre la población abierta de Celaya, el nivel de conocimiento de un regidor en funciones, a fuer de ser tan pequeño, es prácticamente indetectable. Apostar a dirimir un triunfo en esas condiciones carece de sustento técnico.
Por ello, en este caso el verdadero significado del autodestape no parece ser la búsqueda franca de acceder a la postulación por esta vía. La apuesta estratégica apunta a otra dirección: presionar a las cúpulas dirigentes para forzar una presencia en la mesa de negociaciones.
Porque al proclamar una candidatura a la presidencia municipal, se fija una postura de máxima exigencia; pero la finalidad no es figurar en una encuesta que difícilmente registraría su nombre a la hora de preguntarle al ciudadano de común, sino construir una ficha de cambio. El objetivo real pasa por negociar espacios de consolidación, asegurar regidurías, diputaciones o posiciones dentro de la futura planilla.
El problema de fondo no radica en las legítimas aspiraciones de los actores políticos, sino en el uso de la encuesta como un manto de legitimación pública. Cuando se simula un concurso de popularidad que en la práctica es inviable, el método queda al descubierto como un mero trámite de validación para acuerdos previamente pactados en las alturas del partido.
Rumbo a los próximos procesos electorales, la ciudadanía de Celaya merece mayor claridad. Si las decisiones se tomarán por consenso de cúpula, valdría la pena asumirlo con franqueza, en lugar de envolver la política de acuerdos con el frágil velo de encuestas que no resisten la prueba de la realidad del rigor metodológico del muestreo y la estadística.
