By El PANISMO HIPÓCRITA A FAVOR DE LOS INTERESES DE UNOS CUANTOS EMPRESARIOS.
Por Íñigo Javier Rodríguez Talancón
“Ustedes los panistas que se dicen tan católicos, vean la injusta decisión que acaban de tomar… se van a condenar.”
(Palabras que pronuncié en el cabildo cuando voté en contra de anular una parte del Reglamento de Fraccionamientos y Construcciones que favorecía una mejor calidad y extensión de las viviendas de interés social.)
A la distancia reconozco que mis palabras fueron muy duras; las dije en un momento de frustración, pues la decisión de la mayoría de mis compañeros en el ayuntamiento, los regidores panistas, fue votar a favor de que esa parte del reglamento se anulara. Esto les fue impuesto por sus jefaturas políticas mayores (en particular por el gobernador Juan Manuel Oliva).
Aunque tres miembros de esa mayoría panista, quienes urdieron y operaron toda esta maniobra, no tuvieron, ni tienen, atenuantes, para escapar de su grave responsabilidad moral: Gerardo Hernández, el alcalde en ese entonces, y sus regidores más incondicionales, Saraí Núñez, actual diputada federal, y Felipe Pesquera, además del secretario del ayuntamiento, Juan Carlos Guillén.
Inicio esta triste -y también trágica- historia mencionando que durante los años 2006 al 2009 tuve la oportunidad de formar parte del ayuntamiento como regidor independiente; aparejado al honor de haber ocupado un lugar en la representación popular sufrí los sinsabores que me producía enterarme del proceder de la mayoría panista y sus habituales decisiones impuestas contra el interés general, como lo es el asunto de que trata esta historia; fue una dura realidad con la que tuve que lidiar y a la cual me enfrenté durante los años de mi encargo.
Como regidor me integré al trabajo de varias comisiones, entre ellas la de Gobierno y Reglamentos. Quien la presidía, Edith Roque, propuso al inicio la revisión y actualización de los 46 reglamentos municipales; figuraba ahí el de Fraccionamientos y Construcciones.
Llegado el turno de revisión a este reglamento, cuyo trabajo legislativo había correspondido al anterior ayuntamiento, el presidido por José Rivera, observamos varios puntos que a la mayoría nos parecieron excesivamente laxos e inclinados a favorecer los intereses de los desarrolladores inmobiliarios que hacían pingües negocios con la especulación de terrenos, fraccionamientos y otro tipo de urbanizaciones.
En particular nos llamó la atención lo referente al desarrollo de los fraccionamientos del llamado “interés social” financiados por el INFONAVIT, que prácticamente permitía a sus promotores adoptar a su arbitrio cualquier criterio respecto a la calidad de las urbanizaciones, construcciones y dimensión de los lotes.
Propuse atender en particular esta parte del reglamento heredado, y hacer un estudio de campo. Con sus primeros resultados nos llevamos una sorpresa mayúscula: en los fraccionamientos de “interés social” que comenzaron a proliferar desde las dos décadas anteriores, había muchas casas-habitación que estaban abandonadas y gravemente vandalizadas; robadas sus puertas, cancelerías y muebles de baño; además, las obras de urbanización y equipamientos se hallaban en pésimas condiciones y, lo más grave, el ambiente social entre colonos era de crispación extrema. Como corroboramos con el propio INFONAVIT, la cifra de casas abandonadas para el total de este tipo de desarrollos inmobiliarios alcanzaba el 35%.
Nos preguntamos cómo era posible que estas familias hubieran abandonado sus casas, perdiendo así su incipiente patrimonio, y el crédito preferencial que les fue otorgado y perdían para siempre. La respuesta estaba a la vista de quien quiso verla: casas minúsculas, mal construidas, en conjuntos abarrotados, de pésima calidad sus construcciones y urbanizaciones; y no pocas veces, en lugares aislados, inseguros y mal comunicados, por los efectos de rondas anteriores de un urbanismo depredador.
El consenso entre los miembros regidores de esta comisión de Reglamentos (con la única oposición de Felipe Pesquera, quien desde un principio se opuso a cualquier modificación con el argumento de se podían frenar las inversiones en este importante ramo de la construcción), era modificarlo en esa parte, e introduciendo las siguientes especificaciones: (i) lotes mínimos de 110 Mts2 (en promedio eran de 60 mts2); (ii) área mínima de construcción de 60 mts2, dando así la opción a un futuro crecimiento (en promedio esta área era de 45 mts2, y ocupaba casi la totalidad de su lote); (iii) mejor calidad en los materiales de construcción; (iv) acerca de la colindancia entre casas, la prohibición de que compartieran el mismo muro entre una y otra; (v) urbanización de concreto hidráulico (las calles se pavimentaban con concreto asfáltico que pronto, sin mantenimiento, se deterioraba); y (vi) un 40% de áreas comunes destinadas a espacios vedes (la donación al municipio sólo incluía el equipamiento urbano, esto es las calles, omitiéndose lo referente a estos espacios).
Después de varias deliberaciones y con la única oposición mencionada, aprobamos por mayoría el dictamen que incluía estas modificaciones al reglamento de Construcciones y Fraccionamientos; como procede en estos casos, lo enviamos a la secretaría del ayuntamiento para que fuera incluido en las discusiones de la siguiente reunión de cabildo y fuera ahí ratificado, se ordenara su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE) y tuviera vigencia legal.
Y se dio esa siguiente reunión de cabildo, y varias más; pasó el tiempo y este reglamento modificado no aparecía entre los asuntos a tratar. Yo preguntaba sobre esta omisión tanto al alcalde, como al secretario del ayuntamiento, y a la propia presidenta de la comisión, y todos me respondían que el reglamento estaba “en consulta”; e ingenuamente, les replicaba: si ya está aprobado por la comisión y existe un dictamen debidamente sancionado y confirmado, ¿en “consulta” ante quién?
Después de más de cuatro meses de que fuera aprobado este dictamen por la comisión, apareció por fin el punto sobre la discusión del reglamento de Fraccionamientos y Construcciones, en el “orden del día” de un cabildo al que fuimos convocados; pero cuando le llegó su turno me percaté de que todas las modificaciones que habíamos acordado habían sido borradas; el reglamento seguía otorgando a los desarrolladores inmobiliarios las mismas laxitudes excesivas sobre este susodicho rubro de las casas-habitación y fraccionamientos de “interés social”. Así se aprobó, y se consumó lo que era una traición; no a mí, sino a esos resignados colonos, cuyos intereses había yo asumido estaba en mi deber político y moral representar.
Después me enteré de que los referidos empresarios, al enterarse de estas modificaciones acordadas y que con su aplicación disminuirían las utilidades de sus negocios, se inconformaron y acudieron con su queja ante el gobernador Oliva, quien ordenó se cancelaran esas modificaciones.
De ese tiempo a la fecha no sé cuántas casas han seguido siendo abandonadas; pero lo que sí percibo, como lo hace la mayoría de los que habitamos este sufrido municipio, son sus perniciosos efectos: la violencia que campea en las calles tiene sin duda relación con una desbordante violencia intrafamiliar, exacerbada, a su vez, por estas indignas y míseras condiciones de vida que han sido impuestas a la gente pobre de Celaya.
