By Redacción
Por: José Luis Ramírez.
El transporte de pasajeros ha sido por años un dolor de cabeza para el gobierno municipal, para los usuarios y para los concesionarios. Nadie queda contento porque el tiempo, la inestabilidad económica y la omisión del gobierno municipal son el peor enemigo.
Hoy 24 de marzo del 2026, el precio promedio del diésel en México es de $28.62 pesos por litro, mientras que hace un mes (finales de febrero de 2026) se encontraba en $25.89 pesos. Esto significa un incremento aproximado de $2.73 pesos en un mes.
El repunte del crudo en marzo, impulsado por tensiones en Medio Oriente y ajustes de la OPEP, elevó los precios de referencia. El aumento se reflejó directamente en transporte público y de carga, lo que repercute en costos de bienes básicos a nivel nacional y local.
Para flotillas de transporte y logística, el incremento mensual representa un gasto adicional significativo. El alza del diésel suele trasladarse a alimentos y productos de consumo, dado que la mayoría de la distribución depende de transporte pesado. Si la tendencia internacional se mantiene, el diésel podría superar los $29 pesos por litro en el mes de abril.
Este aumento está impactando fuertemente al transporte público de pasajeros en las principales ciudades de México: varias rutas urbanas ya reportan ajustes de tarifas, recortes de frecuencias y presión financiera sobre concesionarios. El incremento mensual de más de $2.73 por litro ha generado un alza en costos operativos de hasta 15%.
Esperar o actuar…
Esperar a que se colapsen los sistemas de transporte, o tomar medidas con responsabilidad institucional es la disyuntiva para los tres niveles de gobierno.
¿Pero qué están haciendo?
El Aumento de tarifas en ciudades como Monterrey y Guadalajara, prevé un ajuste de entre uno y dos pesos por viaje, si el precio del diésel supera los $29 pesos. También se plantea la reducción de servicios en algunas rutas lo que podría disminuir frecuencias, afectando la movilidad de usuarios en horarios no pico, pero sería una forma de bajar costos.
El transporte público es esencial para sectores de bajos ingresos, por ello, cualquier incremento repercutirá directamente en el costo de la población. Si no se atiende con sensibilidad y anticipación podría haber protestas de concesionarios y usuarios, y claro, llevarían, bajo presión, a tomar medidas de emergencia que
pueden ser desatinadas.
Celaya y Guanajuato, la misma encrucijada.
En ciudades intermedias como Celaya, donde el transporte público depende en gran medida de autobuses diésel, el impacto se traduce en mayor presión sobre concesionarios locales, que ya operan con márgenes ajustados, por ello, existe la necesidad de un incremento de tarifas en rutas suburbanas de manera pactada entre usuarios y transportistas. E igual, se podría estimar un riesgo de informalidad, al reducir mantenimiento o incumplir regulaciones para compensar costos.
A la luz de estos hechos, la respuesta del alcalde de Celaya, en relación al posible aumento de las tarifas del transporte, es necesario analizarla:
“Les decimos que no les podemos dárselas, sí la han solicitado, pero todavía no se las hemos dado, NI SE LAS VAMOS A DAR. Si nosotros no tenemos camiones buenos, si no tenemos las rutas acomodadas y no tenemos transportistas que tengan urbanidad, que sean correctos y valores, si no tenemos eso no vamos a aumentar.”
Para comprender el alcance de sus dichos es importante considerar que, en el marco jurídico, el transporte público de pasajeros se ubica en una zona intermedia entre derecho social y servicio público.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la movilidad fue incorporado en 2020 (artículo 4º), estableciendo que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad e igualdad.
En la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (2022) se define la movilidad como un derecho humano: obliga a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) a garantizar sistemas de transporte público accesibles y seguros.
En el ámbito municipal, el municipio tiene la atribución de regular, planear y supervisar el transporte público en su territorio. Aunque en la práctica, lo gestionan como un servicio público concesionado, es decir, operado por particulares bajo autorización y vigilancia municipal.
Ahora bien, la declaración del alcalde reafirma que el transporte público es un servicio concesionado, pero omite que el municipio tiene la obligación constitucional de garantizar su calidad. No basta con congelar tarifas: se requiere una política activa que asegure que el servicio sea eficiente, cómodo, seguro y eficaz, especialmente para las personas que dependen de él para estudiar, trabajar y participar en la vida económica.
En resumen, el municipio está obligado a garantizar que el transporte sea accesible, seguro y suficiente. Sin embargo, al estar concesionado, los operadores privados enfrentan presiones económicas (como el alza del diésel), lo que genera tensiones entre el derecho ciudadano y la viabilidad del servicio.
La intransigencia no ayuda, y sí estorba…
Al negarse el alcalde a responder a una emergencia económica, ajena a los transportistas y usuarios, no soluciona absolutamente nada, y pone en riesgo la movilidad de 145 mil pasajeros que usan el transporte diariamente. El hecho de congelar las tarifas, condicionando su ajuste hasta la puesta en circulación de los 200 autobuses eléctricos que prometieron enrolar para un sistema de transporte integrado, es el cuento de nunca acabar.
La negativa al ajuste de tarifas para compensar los incrementos inflacionarios del 4.6% y el costo actual del Diesel, agudiza una problemática que data de 8 años cuando se inició la tecnificación con la tarjeta SIBE: no hay un sistema concesionado que resuelva de fondo las irregularidades en rutas, frecuencias, costos, y utilidades. Pero tampoco existe, una propuesta municipal actual, como no la hubo antes, para que el municipio asuma su responsabilidad institucional con base en el derecho humano a la movilidad.
Al dejar al tiempo y a la suerte el transporte público concesionado, se corre un gran riesgo, que solo los concesionarios que tengan un fondo de capital para paliar esta crisis energética sobrevivan, y que los usuarios sean los que sufran un mayor deterioro en su movilidad.
El municipio, si bien debe conducirse bajo criterios administrativos, no debe pasar por alto que el derecho humano al transporte es insustituible, y mucho menos por decisiones estrictamente de conveniencia política, o de ignorancia de sus deberes y obligaciones con la ciudadanía.
Aceptar una larga espera sin certidumbre jurídica para la llegada de los autobuses chinos, mientras el transporte actual colapsa, es una irresponsabilidad.
Lo señalé desde hace meses: desaparecer la Dirección de Movilidad y Transporte cuando Celaya está en el ojo del desarrollo regional, era un desatino mayúsculo, no lo hicieron, pero la dejaron sin director, y desde luego, dejaron crecer uno de los principales problemas ciudadanos: el transporte.
Llevan año y medio jugando al “ratón loco”. Repiten los vicios anteriores, con una excepción, no hay ni pies ni cabeza, todo se reduce a un jaloneo sin sentido entre tres servidores públicos: el presidente municipal, el secretario del Ayuntamiento, y el presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte. La debilidad interna del presidente municipal ya es manifiesta, está arrinconado, extraviado, y de figura decorativa tampoco es presumible.
El municipio debe pasar de respuestas intransigentes, a un análisis mesurado, técnico, y desde luego, en donde estén presentes el gobierno, los concesionarios y los usuarios para formular un plan emergente, pero con miras a futuro.
La promesa de los autobuses eléctricos, ha sido un largo cuento chino, que en lugar de expectación y orgullo ya da risa y vergüenza su invocación. Hay que poner los pies en la tierra.
REVOLCADERO. Si aún tienen en la cabeza más “Banderazos de salida”, pero no tienen los autobuses, ni las rutas, las frecuencias, los costos, y tampoco idea de como generar una infraestructura urbana para que circulen con seguridad, es mejor ya dar las gracias y retirarse, si aun les queda un poco de decoro.
