CELAYA, GTO; Los tres regidores que conforman la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el ayuntamiento, quedaron fuera de la comisión especial que vigilará la legalidad y transparencia de las acciones a realizarse bajo el programa Impulso.
Tras varias advertencias del presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo al respecto, lo anterior se confirmó en la sesión de ayuntamiento celebrada la mañana de este viernes en donde quedó formalmente conformada la Comisión Especial del Ayuntamiento para el Seguimiento de las Acciones Relacionadas al Programa Impulso a la Infraestructura para el Tejido Social.
Son los panistas María Eugenia Mosqueda Nieto, síndico y presidenta de la comisión de Hacienda quien fue nombrada presidenta de la nueva comisión, la regidora Adriana Audelo Arana quién es presidenta de la comisión de obra fungirá como secretaria y Mariano Zavala Díaz también formará parte; de la oposición únicamente se incluyó a Ricardo Torre Ibarra de Movimiento Ciudadano y a Blanca Elena González Zavala del Partido Verde.
A pesar de que a la oposición que se unió a la comisión con frecuencia son los que votan a favor de todo en unión con los panistas, el Alcalde aseguró que no es una “comisión a modo” pues reiteró que cada recurso ya cuenta con sus propios candados que garantizan la legalidad y transparencia de su aplicación.
“Ellos desde el principio han manifestado no estar de acuerdo con el trabajo que se realiza entonces teníamos cinco lugares obviamente desde mi punto de vista integramos a aquellos que han estado trabajando en todo el devenir de las obras impulso” señaló.
Finalmente garantizó que el que no los hayan tomado en cuenta para conformar la comisión, no representa que se les negará la información que requieran sobre la aplicación de los recursos públicos, además de que son libres dijo, de asistir a las reuniones de la comisión pero sin derecho a voto.
Es de resaltarse que esta comisión se encargará de elaborar el informe trimestral que me Municipio deberá emitir al Congreso del Estado de Guanajuato sobre el gasto de los 700 millones de pesos, fruto de una aportación estatal y un endeudamiento municipal, en partes iguales.
