Política en Movimiento/Angélica Beltrán
Falacia el fin del gasto público a partidos
Ciudad de México a 3 de octubre, 2017 (Noticias México).- El fin del gasto público a partidos políticos es para la ciudadanía una ilusión; mientras que para la clase política es sólo una estrategia electoral tras los sismos del 19S.
Dicha propuesta que incluye la renuncia de recursos públicos para aportar al Fondo de reconstrucción tras los sismos que afectaron al menos a seis entidades federativas y la Ciudad de México, no la apoya en la realidad ningún partido.
Aunque ante la opinión pública dirigentes nacionales como el del PRI, Enrique Ochoa, y su brazo legislativo que coordina César Camacho en la cámara baja, digan lo contrario, y hasta legalicen la renuncia.
La verdad es que no obstante el descrédito de los partidos ante la ciudadanía, ninguna fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, responsable del tema del presupuesto federal, apoyará acabar con el millonario financiamiento público a los partidos políticos, el que lo reciben prácticamente a cambio de nada.
Cero gasto a partidos
La sonada propuesta del “cero gasto a partidos” que impulsan desde la Cámara de Diputados el PRI, PVEM y PES es parte del circo montado por el partido en el poder, que busca recuperar algo de credibilidad y apoyo rumbo a las elecciones del 2018.
A la vez, tampoco la propuesta de austeridad del Frente Ciudadana que conforman PAN-PRD-MC, busca apoyar a la reconstrucción, sino ganar credibilidad en la víspera electoral.
El juego está en marcha, ambos bandos se enfrentan ante la mirada de la opinión pública-los medios de comunicación, en una especie de subasta política de quién da más, o quien regresa más a las arcas de la nación, para el Fondo de Reconstrucción. En realidad no hay ninguna intención de aporte tras los sismos.
Y mire cómo va el juego:
Se trata de dos propuestas de austeridad encontradas, una del PRI-PVEM-PES y otra del PAN-PRD-MC, impulsadas al unísono en la cámara baja, sin el afán de alcanzar consensos, por lo que sin los votos necesarios para su aprobación en el pleno, en el marco de la discusión y aprobación de la ley de ingresos y egresos federal, cualquiera de estas dos “bondadosas propuestas” de recortes al presupuesto de la clase política, quedará desierta. Y será soló parte de la lucha mediática de los titanes de la política, cuyo compromiso social es, una y otra vez, sólo discurso.
“Compromiso social” del PRI. El PRI renunció a los recursos públicos para mantenerse por lo que resta del año. Pero, por diversos mecanismos los volverán a recibir de parte del gobierno federal ¿a poco cree que lo harían si no supieran que es sólo una estrategia electoral? Quizás por eso ningún partido aliado al tricolor: Verde, PES y Panal han seguido la propuesta del tricolor, pues no tienen la certeza de recuperar la millonaria mesada.
Hasta el momento sólo el PRI legalizó la devolución a la Hacienda de sus 258.5 millones de pesos, correspondientes al gasto de tres meses. Monto que resulta por demás insultante; aunque más insultante es que ese “generoso gesto” sea otra tomada de pelo del PRI a la ciudadanía.
PAN-PRD-MC no regresará su gasto por no confiar en Hacienda. Por su parte, los dirigentes Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, del PAN-PRD-MC, que conforman el Frente Ciudadano, argumentan que no devolverán el recurso público a partidos porque no confían en Hacienda. Desconfianza bien fundada, por cierto. Y a su vez, proponen recortes al millonario gasto del que goza la clase política, la que nunca pasa vacas flacas aún con crisis económica en el país.
La propuesta habla de bajar altos sueldos, seguros, prestaciones, pensiones vitalicias, gasto corriente, etc. a funcionarios de alto rango de los tres poderes de la nación: Ejecutivo, comenzando por el presidente Enrique Peña; Senadores y diputados y los ministros de la Suprema Corte. Pero como ya comentamos, esta propuesta es estrategia electoral; el objetivo, recuperar credibilidad, no ajustarse el cinturón de ningún modo.
Partidos, el negocio de la élite política
El financiamiento público a partidos es legal, y lo es porque la ley la hacen los mismos que se benefician de ella. Así, legalmente los partidos reciben millonarios financiamientos para fortalecer, en teoría, la democracia; en la práctica, esos organismos de interés público que son los partidos, se han convertido en el corto plazo en el negocio de políticos.
Actualmente son ocho los partidos nacionales; tres fuerzas políticas: PRI-PAN-PRD. Dos en ascenso electoral: Morena y MC. Y tres rémoras y negocios pequeños de jerarcas políticos: PVEM, PES y NA.
