By Por: Ara Morales
En América Latina las mujeres no vamos tarde, pero sí llevamos prisa. La participación política es el conjunto de acciones mediante las cuales las personas intervienen en la vida pública y en la toma de decisiones colectivas que afectan a su comunidad, su país o su región.
La participación política, no se limita únicamente a votar, sino que abarca múltiples formas de involucramiento en los asuntos públicos, puede expresarse de manera formal e informal:
La Participación Política Formal se da dentro de las instituciones del Estado y del sistema político, con acciones como votar en elecciones; ser candidata o candidato a un cargo público; integrar partidos políticos; ejercer cargos de representación popular (legislativos, ejecutivos, judiciales); participar en consultas, plebiscitos o referéndums.
La Participación Política Informal o Social, ocurre fuera de los cargos formales, pero influye en las decisiones públicas con actividades como la organización comunitaria y vecinal; movimientos sociales y feministas; protestas, marchas y manifestaciones; incidencia ciudadana y activismo; defensa de derechos humanos y causas colectivas.
La participación política es fundamental porque permite ejercer la ciudadanía, concepto que se ha trivializado, sin embargo, es el eje del comportamiento social. La ciudadanía es la condición que tiene una persona como miembro reconocido de una comunidad política, generalmente el Estado, y que le permite ejercer derechos, deberes y responsabilidades para participar en la vida pública y social. Ejercer la ciudadanía fortalece la democracia; da voz a grupos históricamente excluidos; hace posible exigir rendición de cuentas e incide en la construcción de políticas públicas más justas. Pero, nada es posible si no se ejerce.
Participación política de las mujeres
En el caso de las mujeres, la participación política implica ahora el acceso a espacios de poder en condiciones de igualdad sustantiva; el derecho a participar sin violencia, discriminación ni exclusión; el reconocimiento de su valor social que transforma agendas y políticas públicas.
En síntesis, la participación política es el derecho y la capacidad de intervenir activamente en las decisiones colectivas que construyen la sociedad, y constituye uno de los pilares de cualquier sociedad democrática.
La participación política de las mujeres en América Latina tiene raíces profundas en la historia social y política de la región. Desde los procesos de independencia hasta las luchas por el sufragio y los derechos civiles, las mujeres han sido actoras clave en la construcción de ciudadanía, aunque sistemáticamente invisibilizadas por los relatos oficiales.
Mujeres en los procesos de Independencia.
Durante el siglo XIX, las mujeres participaron activamente en los movimientos independentistas, asumiendo funciones políticas, militares y de logística, mencionaré a algunas de ellas: México, Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario fueron figuras fundamentales en la conspiración, el financiamiento y la organización del movimiento insurgente; Colombia, Policarpa Salavarrieta (“La Pola”), operó como espía y articuladora política contra el régimen colonial; Bolivia, Juana Azurduy de Padilla lideró tropas insurgentes y es símbolo del liderazgo femenino en la guerra independentista.
En Venezuela, Luisa Cáceres de Arismendi, resistió prisión y persecución por su participación política; Argentina, Mariquita Sánchez de Thompson, promovió espacios de discusión política y participación cívica en Buenos Aires. A pesar de su protagonismo, tras la Independencia las mujeres fueron excluidas del nuevo pacto ciudadano.
El surgimiento del feminismo y la lucha por el sufragio en América Latina.
A finales del siglo XIX y principios del XX, emergieron movimientos feministas que cuestionaron la exclusión legal de las mujeres: en Ecuador, Matilde Hidalgo de Procel, se convirtió en la primera mujer en votar en América Latina (1924) y abrió el camino al sufragio femenino en 1929. En Argentina, Alicia Moreau de Justo, fue una de las principales impulsoras del feminismo político y los derechos civiles.
En Brasil, Bertha Lutz, lideró el movimiento sufragista y la lucha por la igualdad jurídica; en Chile, Elena Caffarena, impulsó la obtención del voto femenino en elecciones nacionales; en México, Hermila Galindo, defendió el sufragio femenino y los derechos políticos desde la Revolución Mexicana. Estas mujeres sentaron las bases de la ciudadanía política femenina en la región.
El derecho al voto y el movimiento feminista.
A finales del siglo XIX y principios del XX surgieron los primeros movimientos feministas y sufragistas en la región, impulsados por maestras, periodistas, obreras e intelectuales que comenzaron a cuestionar la exclusión legal y social. Estas mujeres articularon demandas por el derecho a la educación, al trabajo digno y especialmente, al voto como condición básica de ciudadanía.
El reconocimiento del sufragio femenino marcó un parteaguas en América Latina, aunque de manera desigual entre países. Ecuador fue pionero al reconocerlo en 1929, seguido por Brasil (1932), Uruguay (1938), Argentina (1947), Chile (1949) y México (1953). Este logro no fue resultado de voluntades políticas espontáneas, sino de décadas de organización, presión social y resistencia frente a estructuras profundamente patriarcales.
Participación femenina en contextos de autoritarismo y resistencia
Durante las dictaduras y conflictos armados de la segunda parte del siglo XX, las mujeres nuevamente encabezaron movimientos de resistencia y derechos humanos: en Argentina, Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, con figuras como Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, transformaron la maternidad en acción política. En Chile, Gladys Marín, fue una referente de la oposición política y la defensa de los derechos humanos.
En El Salvador: Prudencia Ayala, precursora de la organización social, en 1930, presentó su candidatura para la Presidencia de la República de El Salvador a pesar de que las mujeres no tenían derecho al voto ni a ocupar cargos públicos en ese momento.; en Guatemala: Rigoberta Menchú articuló la defensa de los pueblos indígenas y los derechos humanos a nivel internacional.
De la lucha social a la representación política.
Con los procesos de democratización, las mujeres comenzamos a acceder a cargos públicos y a transformar la agenda política: en Nicaragua: Violeta Barrios de Chamorro, primera mujer presidenta electa en América Latina (1990); en Chile, Michelle Bachelet, símbolo del liderazgo femenino en la política contemporánea.
En Brasil, Dilma Rousseff, ex presidenta y ex presa política durante la dictadura. En México, Rosario Ibarra de Piedra, referente de la lucha por los derechos humanos y la participación política desde la izquierda social; la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer presidenta de la república mexicana.
Una historia de derechos conquistados.
Actualmente en nuestro país, contamos con 12 mujeres gobernadoras y una Jefa de Gobierno. Son mujeres con distintas trayectorias políticas, que ejercen la máxima autoridad en sus estados: Teresa Jiménez en Aguascalientes, Marina del Pilar Ávila en Baja California, Layda Sansores en Campeche, Maru Campos en Chihuahua, Indira Vizcaíno en Colima, Delfina Gómez en el Estado de México, Evelyn Salgado en Guerrero, Mara Lezama en Quintana Roo, Lorena Cuéllar en Tlaxcala, Libia Denisse García en Guanajuato, Rocío Nahle en Veracruz, Margarita González en Morelos y, Carla Brugada Molina como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México.
Estas 13 mujeres representan aproximadamente el 40 % de las entidades federativas que conforman la república mexicana. Un gran salto en 72 años de la participación electoral de las mujeres en México, pero aún insuficiente.
Los orígenes de la participación política de las mujeres en América Latina son una historia de resistencia, organización y conquista de derechos, no de concesiones. Nombrar a estas mujeres no es solo un ejercicio de memoria, sino un acto político para reconocer que la democracia latinoamericana ha sido construida también por ellas.
Comprender este legado es indispensable para enfrentar los desafíos actuales: la violencia política de género que se ejerce desde las mismas entrañas partidarias; la paridad de género sustantiva pero no efectiva; las conductas facciosas para retorcer las nominaciones e imponer candidatos; la violencia estructural para imponer cuotas de género con fines de poder territorial criminal; la exclusión por discriminación racial, social, étnica y por estereotipos. Las mujeres no vamos lentas, pero si llevamos prisa con destino al futuro. Si falta una, faltamos todas.
AL FINAL.
A mis amigas, amigos, compañeros, compañeras les agradezco su compañía este 2025, bendigamos este año por sus aprendizajes, por los retos, por las sonrisas, por las buenas amistades, por las pérdidas y por las compañías. Que el 2026 nos encuentre con memoria, con dignidad y con el valor suficiente para no normalizar la injusticia. Que no sea un año de concesiones, sino de decisiones; no de silencios, sino de palabras libres; no de miedo, sino de organización. Sigamos caminando juntas y juntos, porque el futuro no se espera: se disputa. ¡Feliz 2026!
