El recrudecimiento de la violencia que asola al estado de Guanajuato es un hecho delicado que se advertía desde hace al menos dos años; las agresiones se han hecho cada vez más despiadadas y se reflejan en estadísticas que fueron mostrando un ascenso constante en ejecuciones y ataques de parte de grupos armados, amenazando la integridad y el patrimonio de las familias guanajuatenses.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Baltasar Zamudio Cortés, expresó lo anterior y destacó que “ninguna autoridad podrá por sí sola enfrentar esta ola de violencia”; hizo un llamado a enfrentar de manera integral esta situación y urgió al gobierno del estado a tomar “medidas urgentes en materia de seguridad”, pero también a plantear “soluciones integrales en las que convoque a la participación de todos los sectores políticos y sociales del estado”.
El dirigente perredista resaltó que las ejecuciones registradas recientemente en Irapuato, León, Celaya, Apaseo el Grande y Pénjamo entre otros municipios, colocan al estado entre los 10 más violentos del país.
Hasta junio pasado, señaló, se habían contabilizado 625 homicidios en la entidad, de los cuáles el 80 por ciento están catalogados como “ejecuciones”; León es la ciudad con mayor número con 155 personas asesinadas, 103 de ellas consideradas como homicidio cometido por “sicarios”.
De acuerdo con esta dinámica, el registro es de más de tres muertes violentas por día, por lo que las estadísticas arrojan alrededor del millar de asesinatos en Guanajuato en lo que va del año.
De esta violencia, prosiguió, no escapan elementos de las fuerzas de seguridad. Hasta septiembre, un total de 29 elementos de diversas corporaciones han sido asesinados, lo que lleva implícito un acto de provocación de los grupos criminales a la autoridad.
Se trata, indicó, de una situación de suma gravedad que, si bien es un fenómeno nacional, ha tenido un impacto significativo y específico en Guanajuato, por lo que demandó al gobierno estatal tomar medidas urgentes al respecto y, ante todo, hacer una revisión autocrítica y establecer cambios sustantivos en materia de seguridad, así como plantear una solución amplia e integral, que involucre a todos los sectores sociales.
Se podrán tomar medidas, explicó, como el establecer un mando único, reforzar a las policías estatal y municipales con elementos del ejército, hacer una reforma legal a los cuerpos de seguridad o cualquier otra similar, pero se trata, dijo, de “medidas paliativas y de impacto mediático”: se requiere, continuó, un planteamiento integral.
Para el PRD, indicó, la solución es el desarrollo de políticas públicas transversales que abarquen ámbitos jurídicos y programas sociales y educativas, así como programas que den un mayor impulso económico a la entidad y contribuyan a combatir una aguda desigualdad que genera condiciones para la delincuencia.
Las medidas sólo policíacas son importantes, si llevan en ello una coordinación estrecha en los tres ámbitos de gobierno, si se fortalecen estrategias como la prevención y mejorar las labores de inteligencia, pero no bastan, se requiere un diseño de plan integral que involucre a los tres niveles de gobierno, empresarios, universidades públicas y privadas, colegios de profesionistas, iglesias y grupos de la sociedad civil en lo general.
Las medidas urgentes son un punto de arranque, pero sólo un planteamiento de fondo, con unidad y voluntad política y sin matices ideológicos, hará posible un combate integral a la violencia delictiva, lo que es urgente ante la cercanía de un proceso electoral, donde además se requiere un compromiso de todos los actores, para que exista un mecanismo o instancia que permita encontrar salidas conjuntas y que la contienda electoral no contribuya a la polarización, concluyó
