En 3 décadas Guanajuato ha caído al nivel de los estados más pobres del sureste del País.
Por Íñigo Javier Rodríguez Talancón.
“La mayor violencia es la pobreza” Padre Gustavo Gutiérrez, teólogo.
En días pasados apareció una nota en el periódico AM que mencionaba un pronóstico basado en un estudio realizado por el Dr. Mauricio Hernández, quien de tiempo atrás se ha distinguido como un apologista de las políticas de desarrollo económico impuestas por los gobiernos panistas de Guanajuato; en un tono más bien festivo señalaba que “Celaya tendría un crecimiento exponencial en los próximos 12 años”.
Esto correspondería de concretarse “tres proyectos estratégicos integrales”: un tren ligero de pasajeros (sic), un “hub de competitividad” (¿?) y un gran puerto interior de transferencia de mercancías, mismos que “incidirían (favorablemente) en las 10 variables críticas que están deteniendo el desarrollo de la competitividad de Celaya”…
Aunque en la nota periodística no explicita nada respecto a los términos de este “estudio”, de la jerga en que se expresa su autor en la entrevista aparece en forma bastante clara que aquel corresponde a un remedo casi exacto de lo que han venido pregonado todos los gobernadores panistas desde 1991: la “competitividad” como factor primordial en la atracción de inversiones; y éstas, a su vez, como primer motor del “admirable” desarrollo económico de Guanajuato; esto es, una visión netamente empresarial que desconsidera en absoluto lo referente al desarrollo social.
Y efectivamente esto es lo que ha ocurrido durante las últimas tres décadas en nuestro Estado: todas la políticas del desarrollo económico están dispuestas para favorecer el arribo de grandes inversiones; y con ello abultar las cifras de nuestro producto interno bruto (PIB), las exportaciones que en base en éste ocurren, y otros parámetros de nuestra “boyante” economía doméstica, presentándolo todo de manera sensacionalista, con un simplismo bastante ramplón.
Y es que la realidad es mucho más compleja. Esta espectacular “bonanza” nos es bastante ajena, ya que, en gran medida, corresponde únicamente a la producción industrial y a las exportaciones de las grandes armadoras automotrices asentadas en la entidad, y de algunas de sus muy escasas proveedurías locales (la gran mayoría de las autopartes, el 82%, provienen del extranjero); “bonanza” de la que han quedado excluidos la gran mayoría de los guanajuatenses, y que además se ha apuntalado con salarios muy bajos, un nulo beneficio fiscal (no pagan impuestos, ni siquiera el predial) y la distracción de enormes cantidades de recursos públicos para el subsidio de esas empresas (la donación de enormes extensiones de tierra, y la realización de costosas obras de infraestructura vial para su exclusivo beneficio)…
Y otra de las cosas que con dolo se ha venido ocultando, es que existe una correlación muy clara entre ese “crecimiento” económico excluyente, y un aumento exponencial en la pobreza, la marginación y la violencia; de ahí la enorme paradoja que presenta Guanajuato: tiene el sexto PIB del País y es al mismo tiempo uno de los estados con mayor número de pobres en términos absolutos.
Las ya obsoletas recetas de sacrificarlo todo al “Mercado” impuestas por el neoliberalismo decadente, cosecharon de nueva cuenta el repudio en la pasada elección de junio, con el fracaso estrepitoso de la candidata que insistió en defenderlas; aunque huelga decir que los gobiernos panistas del terruño han sido de los más aplicados en seguirlas, y sus resultados son ahora más que elocuentes: en poco más de 30 años han trasformado a Guanajuato en un lugar inseguro, violento, con una pobreza muy extendida, y una altísima descomposición del tejido social; y esto es lo que ahora absurdamente pregonan, ya muy a destiempo, aquellos que aún hablan en Celaya de “competitividad” y otras insensibles bagatelas.
Muchos sabemos quiénes son los que le encargaron a Mauricio Hernández este estudio a modo, y quienes integran la dizque “Asociación del Empresariado Celayense”; y también lo que ahora, después de la estrepitosa derrota electoral de sus cómplices panistas, pretenden: embaucar al nuevo gobierno de Morena con este destemplado “canto de sirenas” sobre las supuestas bondades de sus “proyectos integrales”, y del fabuloso “crecimiento” que el futuro nos depara para el beneficio de todos.
Pero lo que en realidad están buscando es fraguar sus consabidos negocios inmobiliarios (lo único que en realidad saben hacer), y apropiarse de los valiosos terrenos que ahora soportan las vías ferroviarias que cruzan la Ciudad con el peregrino proyecto de ese “tren ligero de pasajeros”; buscan, pues, distraer la finalidad de esos terrenos propiedad del Municipio, de sus objetivos consecuentes y de beneficio social; esto es, evitar que estos terrenos se destinen para el trazado de un amplio parque lineal que subsuma grandes áreas recreativas y de convivencia familiar, deportivas, comerciales, y de enlace con diferentes vialidades importantes de la Ciudad; y que representaría una verdadera revolución urbana.
No conozco el estudio de Mauricio Hernández, sólo lo que de su presentación ha trascendido y permite colegir: que es un documento expresado en un lenguaje difuso y pretendidamente técnico, que insiste en el dogma de la “competitividad” como principio o eje trasversal de un crecimiento lleno de supuestos beneficios para todos los que habitamos en Celaya, y que sobre lo anterior y con la estrechez de miras característica de este tipo de planteamientos, construye unas conclusiones y pronósticos que, para ser benévolos, no pueden ser sino voluntaristas.
Sin embargo, creo que este estudio omite algo fundamental y para lo cual debiera hacerse un espacio en el modelo propuesto: una onceaba “variable crítica” que estaría, para usar las mismas palabras de Hernández, “deteniendo el desarrollo de la competitividad de Celaya”: la enorme inseguridad y la desbocada violencia que padecemos (…).
Así pues, en buena lógica resulta absurdo insistir en la aplicando de las mismas obtusas políticas de desarrollo excluyente que han sido el primer factor para hacer crecer esa “onceaba variable crítica” en que no se repara.
OTRO DICHO:
Ha circulado en redes sociales y en algunos medios digitales, de que el alcalde que se fue, Javier Mendoza, se procuró a su salida un aparatoso dispositivo de seguridad personal y de su familia, que le acompañará durante un año, con cargo único al erario municipal… Se mencionan camionetas blindadas y un amplio equipo de asistentes y guardaespaldas a su disposición… y justifican este abuso en “un derecho que la ley le otorga”, y además, en una autorización otorgada por el ayuntamiento anterior, para todos estos efectos… He buscado con cuidado la susodicha ley donde dice fundan su derecho y no la he encontrado (quizás no exista para el ámbito municipal…) y sobre la supuesta autorización otorgada por el ayuntamiento saliente, basta señalar que éste no tendría ninguna facultad para esto, por lo que su “autorización” sería en todo caso ilegal… Disponer de bienes públicos de manera arbitraria pudiera determinar responsabilidades muy graves, como lo es el peculado.