By Estefanía Montero
Cortazar, Guanajuato
26 de Noviembre del 2025
En México, y particularmente en los municipios, se ha normalizado algo que no debería ser normal: la llegada de funcionarias y funcionarios públicos electos sin la preparación mínima necesaria para ejercer el cargo. No se trata de títulos universitarios ni de currículos brillantes; se trata de conocer la ley, entender las facultades del puesto y asumir la responsabilidad pública con seriedad. Lo básico. Y aun así, muchos no lo saben, no lo aprenden y, peor, no les preocupa aprenderlo.
La democracia nos permite elegir a nuestras autoridades, pero también ha demostrado que la elección popular no garantiza competencia técnica. La simpatía electoral puede llenar urnas, pero no llena vacíos de conocimiento. Y esos vacíos se traducen en decisiones erráticas, retrasos innecesarios, oficios mal elaborados, iniciativas sin fundamento, dictámenes que no dictaminan nada y un caos administrativo que termina pagando la ciudadanía.
Cuando un funcionario no entiende qué puede y qué no puede hacer, termina delegando de más o delegando de menos. Depende ciegamente de quien redacta, de quien interpreta la ley o de quien “dice que sabe”, generando gobiernos donde la técnica cede ante la improvisación. A veces la buena intención existe, pero la buena intención sin preparación es solo otra forma de irresponsabilidad.
Un regidor que no sabe qué es una comisión; un síndico que no distingue entre opinión jurídica y política; un presidente municipal que confunde liderazgo con ocurrencias. Todo esto se refleja en la vida cotidiana de la gente: trámites más lentos, políticas mal diseñadas, recursos mal gastados y, en última instancia, pérdida de confianza en el gobierno.
El problema no es nuevo, pero hoy es más evidente. En la era de la información, no hay excusa para desconocer las facultades de un cargo público. Las leyes están al alcance de un clic. Los cursos son gratuitos. La capacitación existe. Lo que falta, muchas veces, es voluntad.
Hacer política no debería ser un salto de fe. Debería ser un ejercicio de responsabilidad. Y aunque suene duro, hay que decirlo sin rodeos: ocupar un cargo sin preparación es una falta de respeto hacia la gente que sí trabaja, que sí paga impuestos y que sí espera resultados.
La modernización del gobierno exige perfiles serios, con visión de futuro pero con los pies en la tierra. No se puede legislar, dictaminar, administrar o representar a un municipio con base en improvisaciones. La ciudadanía merece más que funcionarios aprendiendo sobre la marcha como si esto fuera un juego de principiantes.
La democracia no acaba con ganar una elección; empieza ahí. Y el servicio público, aunque algunos lo olviden, es un trabajo real. Uno que exige preparación, disciplina y humildad para reconocer lo que no se sabe y aprenderlo. Porque al final, quien paga las consecuencias de la ignorancia pública es siempre la misma: la ciudadanía.
