By José Luis Ramírez
El poder político llega y se va como agua entre las manos. He vivido de cerca asuntos medulares de la vida cotidiana de los celayenses, que no se resolvieron en las últimas tres administraciones municipales. Quienes llegaban tuvieron en sus manos la posibilidad de solucionarlos, pero los veían con indiferencia, y sin abono a su imagen política. Lo cierto es que los problemas nunca se fueron, pero ellos sí, fueron perdiendo credibilidad, al punto de ser arrojados de la presidencia municipal. No aprenden la lección.
Dicen que la vida se va como agua entre los dedos, realmente el agua se va y se lleva la vida, y sobre todo cuando es agua contaminada. En Celaya, seguiré insistiendo, el agua que consumen cerca de 50 mil celayenses está envenenada con flúor y arsénico. Escribí en el 2018, “esa agua que se consume es una de las causas de muerte y deterioro paulatino de la vida de niños, hombres, mujeres, ancianos”. No lo creyeron.
Desde el 2018, se empezó a escribir esa historia omitida, criminal y perniciosa que se venía arrastrando trienio por trienio. El 12 de octubre del 2018, los habitantes de las colonias La Herradura, Santa Rita, Los Olivos firmaron una petición “a la Comisión de salud… para remediar el suministro de agua contaminada por flúor y arsénico que estamos recibiendo en nuestros hogares desde las plantas potabilizadora La Herradura, y Santa Rita”.
Esa petición estuvo fundada en el Artículo 58 del Reglamento interior del H. Ayuntamiento de Celaya, que señala: Las Comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la Administración Pública Municipal. En ese momento coincidían elementos alentadores, la llegada de una administración municipal representada por regidores que prometían ser la diferencia, y un ánimo ciudadano de cambio”. Pero solo hubo simulación y complicidad.
En esa petición se solicitaba, “frenar el suministro de agua contaminada a los habitantes de estas zonas comprometidas; realización de una investigación compartida con los interesados y afectados, para determinar las causas de las fallas, omisiones o cualquier otra que haya ocasionado que se entregue agua no potable por parte de Jumapa; abastecimiento de agua inmediata de otras fuentes que sea potable; reparación inmediata de las plantas potabilizadoras; certeza de que se ha corregido totalmente los problemas de contaminación; realización de exámenes del agua por un laboratorio externo a Jumapa, donde se examinen todos los elementos que señala la SSA para el agua potable, de acuerdo a la Norma 127 de la SSA; realización de estudios por parte de a SSA, para evaluar nuestra salud debido a la ingesta involuntaria de agua contaminada por fluoruros y arsénico; realización de una investigación administrativa a JUMAPA para deslindar responsabilidades; actualización del estado que guarda el agua de todos los pozos que administra Jumapa, y que la información se haga pública para generar certidumbre en la población”. Esas peticiones eran el eco de los habitantes de las colonias de la zona nororiente.
A partir de esa solicitud, hubo una reunión donde estuvieron los presidentes de la Comisión de Salud, de Derechos Humanos, Medio Ambiente, Contraloría y Combate a la corrupción, Comisión de Agua potable, y de parte de Jumapa: Patricia A. Estrada Orozco, quien era la responsable de su diseño y licitación (Licitacion-001-08, No. De Contrato-Celaya-OP-008-11); por los afectados, Alianza Ciudadana Celayense. En esa reunión, la representante de Jumapa reconoció que las plantas potabilizadoras no estaban diseñadas para la remoción de flúor, y que el arsénico subía en épocas de estiaje por encima de la Norma 127 de la Secretaria de Salud. Esa revelación no fue suficiente, y se prolongó la solución.
En dicha reunión, el acuerdo fue la remediación, y para tener la certeza formal de las deficiencias, se tomó como base uno de los pedimentos: la realización de exámenes del agua por un laboratorio externo a Jumapa. Ese único encuentro, no tuvo una minuta de trabajo, pero los regidores que estuvieron presentes lo escucharon y lo asintieron.
A partir de ese momento, la responsable de la salud en el municipio no volvió a dar la cara, a pesar de que el Artículo 72, del Reglamento mencionada, señala: compete a la Comisión de Salud y Asistencia Social, la solución de los siguientes asuntos: vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de salud competencia del estado y salubridad local y el control sanitario (…), y demás centros que pudieran generar problemas de salud pública; Coordinar los programas de saneamiento básico en comunidades rurales y populares para prevenir enfermedades e infecciones y salvaguardar la salud; coadyuvar en el cumplimiento de los ordenamientos legales que regulan la integración y el funcionamiento de los organismos paramunicipales”.
Vino después la realización del análisis del agua, y como lo escribí en su momento, resultó casi, ¡agua bendita! La Comisión de Contraloría y anticorrupción, nunca investigó las causas de las deficiencias técnicas y tecnológicas del equipo de potabilización; la Comisión de Derechos Humanos, nunca formuló una declaración por la violación al derecho humano a consumir agua potable. Ninguno tuvo la mínima preocupación por la salud de miles de personas. Y claro, Jumapa publicó desplegados, repartió volantes señalando la inocuidad del agua.
Desde luego, como consecuencia de la inadmisible situación se presentó una denuncia a la Contraloría municipal, por “el hecho de entregar agua con contaminantes tóxicos, como arsénico y fluoruros, y con ello poner en riesgo la salud y la calidad de vida de los ciudadanos que ingieren dicha agua. Lo cual puede o pudo haber causado daños irreparables a nuestras personas”. Igualmente se señalaba, que “en virtud de que el Organismo operador y encargado del suministro del agua potable, es JUMAPA, debe considerarse como el principal investigado de esta violación a nuestro derecho a la salud, y al quebranto del cumplimiento legal que por mandato de la Ley Orgánica Municipal y Reglamento.
Para fundamentar la denuncia, se anexaron elementos probatorios, entre otros, uno muy importante: Documento público de JUMAPA donde señala los antecedentes de la Creación de la Planta potabilizadora la Herradura, su costo, su tecnología, su mantenimiento y los beneficiarios”, y otro no menos importante: el oficio no. 0631/DS-EXT/2018 del laboratorio de Jumapa, en donde se registran por encima de la Norma, los fluoruros.
El 21 de noviembre del 2019 -un año después-, la Contraloría municipal notificó a los denunciantes, el “Acuerdo de calificación de conducta”. Donde determina “LA EXISTENCIA DE ACTOS U OMISIONES que la Ley vigente al momento de la conducta señala como falta administrativa, misma que es calificada como NO GRAVE, y se considera como PRESUNTO RESPONSABLE al Servidor Público JUAN ROGELIO LUGO RODRIGUEZ, quien se desempeña como “Jefe del departamento de Calidad de Agua”, en la dirección de Saneamiento de la Junta Municipal de agua potable y alcantarillado de Celaya”.
Lo anterior, demostraba que la denuncia estuvo fundada en la verdad, y que muchos servidores públicos fueron responsables por omisión y comisión, y que sobre ellos pesaba no solo “una falta administrativa”, sino también un delito civil o penal. El acuerdo mencionado, no contemplaba varios ángulos de la denuncia, y desde luego, quedaron muchas lagunas por aclarar.
Para ubicar el grado de omisión y descuido, hago un poco de historia: En el 2002 se realizó un análisis fisicoquímico de los pozos administrados por la JUMAPA, detectándose que las mayores concentraciones de arsénico se encontraban en la zona noreste de la ciudad. En el año 2004 la Secretaría de Salud reportó que la concentración de arsénico en dos de los pozos ubicados en esta zona, estaban fuera de norma (0.025mg/l).
Con el apoyo de la Comisión Estatal del Agua, en el 2008 se licitó la “Construcción de la Planta Potabilizadora para la REMOCIÓN DE ARSÉNICO en la Colonia La Herradura”, y en ese mismo año se inició su construcción. La inversión fue 7.8 millones de pesos. A pesar de su importancia para la salud humana, se orientaron por la tecnología más barata.
De acuerdo a sus datos 6,147 habitantes de las colonias La Herradura, Viñas de la Herradura, Misión de la Esperanza y los Pirules, mejorarían “su calidad de vida disminuyendo el riesgo a la salud”.
El desarrollo habitacional hacia la zona nororiente, con las colonias Los Olivos, Privanzas y más, los obligó a crear una segunda planta potabilizadora en la Colonia Santa Rita, repitiendo el mismo modelo tecnológico usado en la Herradura.
El Instituto de Geofísica de la UNAM en sus estudios señalaba que la presencia de arsénico va asociada al Flúor, y se concentran en lugares con aguas termales y a gran profundidad; cuando excede los límites permisibles daña los huesos de nuestro cuerpo. La fluorosis esquelética es una discapacidad invalidante que afecta a millones de personas en el mundo, y es por la ingesta de fluoruro en el agua y / o productos alimenticios, además está relacionado con daño cognitivo en los niños, es decir retraso mental. Esta tesis básica, fue pasada por alto, en la licitación, y solo se convocó a la “Construcción de una planta potabilizadora para la remoción de arsénico en la colonia la Herradura, Celaya, Gto.”
Desde el 2018, Alianza Ciudadana presentó denuncias fundadas y motivadas. El agua con fluoruros sobrepasaba los límites permisibles de 1.50 mgl, llegaban a 2.50; en cuanto al arsénico (mg/l) los límites permisibles son 0.025, pero estaban en 0.0283. Desde luego, también la Planta potabilizadora Santa Rita se encontraba con niveles de arsénico por encima de la Norma: los límites permisibles son 0.025, pero estaban en 0.0283.
De acuerdo con datos de la CNA, DATACRITICA, CONAGUA, 10 pozos de Celaya estuvieron suministrando agua con arsénico y flúor por encima de la Norma, durante el 2018 y 2019, a pesar de ello, el ciudadano Mendoza Márquez en su Programa de Gobierno 2021-2024, en su “nodo” Celaya Saludable”, no contempló, la reparación de las potabilizadoras Santa Rita, la Herradura, ni la potabilización de agua para las comunidades afectadas que se encuentran al margen del rio Laja. E hizo públicamente una declaración, comprometiéndose a la solución con el apoyo de Jumapa, que nunca cumplió.
En el 2018 firmé la denuncia a la Contraloría de Celaya por el suministro de agua envenenada a la población, pero como lo señalo, la respuesta fue parcial, encubridora, y omisa, sin embargo, la verdad no pudo ser detenida, ni ocultada. El 23 de junio del 2022, en el oficio no. 040/DS-INT//2022, la directora de “Saneamiento”, Patricia Adriana Estrada Orosco, contestó vía la Unidad de Transparencia, que, “el Pozo y la planta potabilizadora la Herradura se encuentra fuera de operación”. Sí, la misma funcionaria que proyectó el diseño y licitación de esa planta 14 años atrás.
Al día de hoy las dos Plantas “potabilizadoras” están paradas, no funcionan. En la propuesta de priorización de obra de la Comisión de Salud y Asistencia del COPLADEM, están enlistadas para su posible rehabilitación en el 2025. Igual, como otros actos de corrupción, e irresponsabilidad, las plantas envenenadoras serán una postal impresentable, y los envenenadores seguirán detrás del escritorio preparando otra infamia, mientras tanto la gente seguirá bebiendo veneno, y enfermando.
La vida pasa y se va como agua, los triunfos de los polítiqueros basados en promesas, y en humo, igual pasan, pero se quedan sus huellas que no se deslavan ni se olvidan con el tiempo. No vamos a tirar la toalla, seguiremos insistiendo.
Revolcadero.
No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es la que nos hace libres. Carlos Fuentes.
