Celaya, Gto. El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) descartó utilizar recursos públicos para la rehabilitación del estacionamiento subterráneo ubicado en el Parque Morelos, pues busca que la empresa constructora se haga cargo de los costos de reparación.
La directora del instituto, Judith Juárez Guzmán, informó que actualmente se desarrollan mesas de trabajo con la empresa Concesionaria de Estacionamientos y Desarrollos S.A. de C.V., con la finalidad de que asuma la inversión necesaria para atender el problema estructural.
“Actualmente se están llevando mesas de trabajo con la empresa para que ellos sean los que hagan la inversión, porque el instituto no va a invertir ningún recurso para hacer este reforzamiento, porque no fue un tema del ISSEG”, señaló en entrevista.
Asimismo, la funcionaria explicó que el instituto ya emprendió un proceso legal contra la constructora, con el propósito de que realice el reforzamiento estructural requerido para que el estacionamiento pueda volver a operar.
“Lo que queremos para beneficio de toda la ciudadanía es que se resuelva, que la empresa haga el reforzamiento y poder abrir. Eso es lo que más nos interesa, que se dé el servicio, que el estacionamiento quede seguro y que el ISSEG siga recibiendo ingresos por su operación”, explicó.
Juárez Guzmán también reiteró que previamente el instituto envió oficios al Gobierno Municipal solicitando evitar la realización de eventos masivos sobre la explanada del estacionamiento, debido a los riesgos que esto podría representar para la estructura.
“El año pasado enviamos oficios al municipio solicitando que no se realizaran eventos masivos justo por la seguridad de la ciudadanía. Nosotros hemos sido muy responsables y la postura del instituto es pedir que se tenga mucho cuidado”, señaló.
La titular del ISSEG subrayó que la prioridad es frenar el deterioro de la estructura y garantizar la seguridad de las personas que visitan el Parque Morelos.
Finalmente, informó que también se desarrolla una investigación interna para determinar si existieron responsabilidades en el proceso mediante el cual el instituto adquirió el inmueble.
