Las declaraciones del titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez de estar dispuesto a ser auditado, son desafortunadas: expresan una postura de falta de ética política y evidencian soberbia desde el ejercicio del poder.
No se trata de “permitir” que se audite el manejo de recursos del programa Impulso Social: él, como funcionario y servidor público está obligado a rendir cuentas y es responsabilidad de las entidades fiscalizadoras revisar su quehacer a cargo de la dependencia.
Esta revisión, empero, debe hacerse por instancias que garanticen la transparencia. Solicitar que sea la Auditoría Superior del Estado quien haga esa función es sólo una simulación si se toma en cuenta la reciente validación del proceso de compra de terrenos destinados a la armadora de autos Toyota, donde quedó de manifiesto la subordinación de ese órgano ante al Poder Ejecutivo.
Si en realidad tuviera voluntad política por la transparencia, estaría dispuesto a enfrentar un escrutinio serio, a cargo de un ente social verdaderamente autónomo, como sería una Contraloría Social, figura que su partido ha rechazado.
Más allá de la anterior circunstancia, el tema rebasa el asunto legal y administrativo: es de ética política.
Es evidente que Diego Sinhué Rodríguez se ha servido de la Sedeshu para la promoción de su persona, de cara a la pretensión manifestada de ser candidato a gobernador.
Por eso es pertinente que el funcionario renuncie a su cargo; no es necesario que espere o demande una resolución administrativa, debe hacerlo por responsabilidad, asumiendo una digna postura de ética política y atendiendo a un principio de honestidad como servidor público.
Está en su derecho a tener la aspiración a suceder en su cargo a Miguel Márquez Márquez, siempre y cuando respete las disposiciones legales en materia de promoción electoral; está obligado, empero, a hacerlo sin el uso de recursos públicos y sin una simulada promoción personal disfrazada de combate a la pobreza.
