By La desmedida concentración del poder, que la oposición ahora alega en el ámbito federal, fue por mucho tiempo una realidad en Guanajuato.
Iñigo Rodríguez Talancón
“Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano;” (artículo 105, fracción II, inciso d, de la Constitución general de la República)
Durante casi tres décadas el PAN-Yunque estatal tuvo a su disposición la mayoría calificada en el congreso del Estado, y con ello un poder político sin contrapesos; pudieron hacer y deshacer todo lo que les vino en gana. En cambio, la “oposición” nunca pudo oponerse en vía jurisdiccional a ninguna de sus muchas arbitrarias decisiones, pues aquel, teniendo siempre a los priístas como sus muy leales paleros, impidió que se pudiera constituir esa tercera parte de los representantes necesaria para impugnar esos abusos.
De este modo, un oficialismo panista y descaradamente leonés (más del 62% de todos los nombramientos importantes siempre han recaído en personas residentes en ese municipio) determinó a su conveniencia a los consejeros de las judicaturas habidos en 30 años, a todos los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el nombramiento del fiscal estatal, a los miembros del Consejo General del IEEG, a los todos magistrados del TEEG, a todos los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al procurador estatal de los derechos humanos, al auditor superior, contratar deuda pública prohibida, o gastar el dinero público sin dar ninguna justificación a nadie; en fin, pudo decretar cualquier decisión importante que requería de esa mayoría calificada.
Así el PAN estatal impuso un férreo control sobre los poderes legislativo y judicial locales, sobre los órganos electorales, y sobre los ayuntamientos de los principales municipios, copando prácticamente todos los espacios de cualesquier otra potestad pública durante demasiado tiempo; y con esta desmedida concentración del poder sin el menor contrapeso, terminó desfigurando y corrompiendo todos los ámbitos del desarrollo político de nuestro Estado.
En Guanajuato, otrora una entidad prospera y pacífica, ha crecido la pobreza a un nivel de escándalo (León, el baluarte del PAN-Yunquismo, es el municipio con el de mayor número de pobres en términos absolutos de todo México), y con ello ha crecido también la inseguridad y la violencia en magnitudes nunca antes imaginadas (Celaya, y sus municipios aledaños, es el lugar donde, sin existir una conflagración bélica abierta, sucede el mayor número de homicidios dolosos en el mundo); estas cifras parecen de ficción, pero desgraciadamente son reales (…)
Resulta por esto irritante el cinismo de los representantes panistas guanajuatenses ante el congreso federal, en particular del exgobernador y senador Miguel Márquez, quienes se “desgarran las vestiduras” para llamar la atención sobre los riesgos a nuestra democracia que representaría la supuesta concentración del poder político con la reforma al poder judicial.
Sin embargo, las cosas están por cambiar: merced a la perdida de una parte importante del apoyo electoral, el PAN-Yunque no pudo refrendar su mayoría calificada en el Congreso local; y ahora Morena podrá por sí mismo promover acciones de inconstitucionalidad a todas las decisiones arbitrarias o ilegales con las que han conducido nuestro Estado por tanto tiempo.
Y por esto, queriendo aprovechar los pocos días que le quedan a la legislatura 2021-2024, (termina el 24 de este mes) donde aún tienen esa mayoría calificada con ayuda de sus siempre fieles paleros priístas, se apresuran a sacar algunos nombramientos importantes como el del auditor superior, de algunos magistrados del tribunal superior, así como algunas leyes a modo en prevención al drástico cambio que está a la vuelta de la esquina; y no puede descartarse que vayan a nombrar a un nuevo fiscal general.
Sin embargo, parece que los panistas no advierten que los representantes de Morena en la nueva legislatura local pueden presentar acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN que revoquen todos estos nombramientos adelantados y anule las leyes ilegalmente procesadas.
Solo recordemos que a nivel federal la oposición en la cámara de diputados echó abajo 30 iniciativas de ley presentadas por el ejecutivo durante todo el sexenio que termina, haciéndose efectiva como una minoría poseedora de por lo menos el susodicho 33% de la representación (y, claro, con la impúdica ayuda de la mayoría de los ministros del pleno de la SCJN).
OTRO DICHO:
“Al cuarto para las doce” el Congreso del Estado acaba de abrogar la Ley Orgánica Municipal, y sustituyéndola por otra llamada de “Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato”. Con esta nueva ley se abrogan también de facto todos los reglamentos municipales, pues todos están referidos a la ley que ahora se suprime… Como menciono arriba, ante el nuevo escenario de la pérdida del control político del congreso local, los panistas toman sus previsiones a fin de tener instrumentos legales que utilizarán para someter a los ayuntamientos donde no tienen mayoría, como lo es el de Celaya… Con esta nueva ley, y el nombramiento adelantado del auditor superior -quien tendrá amplias facultades para revisar y fiscalizar las cuentas públicas de los municipios-, el gobierno panista del Estado se da los instrumentos jurídicos para intentar recuperar en 2027 el ayuntamiento de Celaya, y otros de su interés… Habrá pues que estudiar con mucha atención el contenido de la nueva ley, y verificar si contiene disposiciones inconstitucionales que contradigan lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución General de la República…
Con estos actos que parecen desesperados, se advierte que comienza un círculo de asedio al nuevo gobierno que encabezará el profesor Juan Miguel Ramírez … Al tiempo.
