By Por: Ara Morales
En 2024, el estado de Guanajuato registró aproximadamente 1 mil 700 menores de edad víctimas de delitos sexuales, de los cuales unas 1,400 fueron niñas, es decir el 82.3%, y se atendieron al menos 212 casos en hospitales. Si el infierno existe, Guanajuato es una sucursal.
En 2022 padres de familia protestaron, al descubrir que el intendente del jardín de niños habría abusado de al menos 6 menores. Se documentaron 17 casos de violencia escolar sexual ese año, aunque solo 3 docentes fueron sancionados.
En 2017, la CNDH reveló el encubrimiento de abuso sexual a menores en el albergue “Ciudad de los Niños”, administrado por el sacerdote Pedro Gutiérrez. Tras denuncias anónimas.
En mayo del 2020, la CNDH, emitió la recomendación 32VG/2020 dirigida a los gobiernos de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, así como a las Fiscalías de Justicia Estatales de Aguascalientes y Guanajuato y a los presidentes Municipales de los Ayuntamientos de San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz. por“omisión en casos de graves violaciones de derechos humanos ocurridos en albergues operados por la “Ciudad de los Niños Salamanca A.C.”. Entre otros señalamientos (refiero solo las afectaciones las victimas menores de edad) menciona:actos de tortura cometidos en agravio de 21 personas; violencia sexual perpetrada en contra de 9 adolescentes; trato cruel inhumano y/o degradante en perjuicio de 17 personas; omisión médica especializada a 20 adolescentes. Y condiciones indignas, de promiscuidad, insalubridad y riesgo, en las que habitaban al menos 324 personas, de las cuales eran 135 niñas, niños y adolescentes.
En Juventino Rosas en julio del 2023 se desmanteló una red que usaba Facebook y TikTok para explotar sexualmente a 14 menores (12 niñas, 2 niños), engañándoles y trasladándoles regionalmente.
La activista Olimpia Coral Melo, reportó que Guanajuato está entre los 5 primeros estados en explotación sexual infantil en línea. Además, varias víctimas denunciaron revictimización al intentar usar la Ley Olimpia.
En el año pasado, 2024, en Guanajuato se registraron 4 mil 320 embarazos en niñas y adolescentes menores de 19 años, de ese total, 660 correspondieron a niñas entre los 10 y 14 años. Los casos de embarazo infantil, entre los 10 y 14 años, se concentraron en municipios como Tierra Blanca, Tarandacuao, Atarjea, Santa Catarina, Villagrán, Juventino Rosas, Abasolo, San Francisco del Rincón, Romita y Yuriria.
El embarazo infantil se reconoce como una forma extrema de violencia sexual e institucional, por su impacto en la salud, educación, desarrollo y proyecto de vida de las niñas. Las niñas embarazadas de esta edad, enfrentan mayor riesgo de complicaciones de salud como preeclampsia, infecciones, anemia, partos prematuros y mortalidad materna.
En el estado de Guanajuato, existen cuatro hospitales que conforme a NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención vigente desde 2016, pueden interrumpir el embarazo. Hay una unidad pública en Celaya, el Hospital Materno Infantil, y tres del ISSSTEubicados en León y Salamanca, con protocolos para interrupción del embarazo por violencia sexual. Este protocolo solo considera a las mujeres que han sufrido violación, siempre y cuando presenten las pruebas legales.
El pasado 29 de mayo, los diputados y diputadas del Congreso estatal de Guanajuato, debatieron la despenalización del aborto, para armonizar la Ley federal, con la ley estatal, y garantizar el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva. Votaron el dictamen y empataron la votación, por lo que se pospuso para el 5 de junio una segunda ronda. Ese día, tras un debate de más de 4 horas, con el voto de la diputada Itzel Mendo del PVEM, uno del PRI (un voto de tres), y todos del PAN, obtuvieron mayoría en contra del dictamen. Sigue siendo un delito la interrupción del embarazo.
En respuesta, los colectivos feministas expusieron que harían ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,y en la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), dos peticiones: una, que se emita la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, y el amparo de sus derechos por la acción negativa del Congreso del Estado de Guanajuato a despenalizar el aborto
Se recurre a estas solicitudes, cuando un Estado incurre en desigualdades estructurales—por ejemplo, leyes o políticas que impiden que niñas, adolescentes y mujeres ejerzan plenamente sus derechos—, lo que provoca que se requieran medidas extraordinarias de seguridad, justicia y salud pública. Los antecedentes y casos de éxito, son: Veracruz y Guerrero, declarada en el primero, el 13 de diciembre de 2017 por la Secretaría de Gobernación a través de CONAVIM; y en el segundo estado,Guerrero, la declaratoria fue emitida el 5 de junio de 2020, debido a rezagos en garantías como la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y atención a víctimas
La violencia de género se refiere a cualquier acto dañino dirigido contra una persona en razón de su sexo o género, siendo las mujeres las principales víctimas. La Convención de Belém do Pará (1994) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en México establecen que esta violencia puede manifestarse de forma física, sexual, psicológica, patrimonial, económica o simbólica, tanto en el ámbito público como privado.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo legal creado por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecido en su artículo 22. Es una medida de emergencia que obliga al Estado a implementar acciones urgentes para garantizar la seguridad de las mujeres, y eliminar contextos de violencia feminicida. Se puede solicitar cuando existen elementos que indican la presencia sistemática y generalizada de violencia en un territorio específico.
El concepto de agravio comparado surge del derecho internacional sobre derechos humanos, en especial del análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer). Se refiere a una situación en la cual las normas o prácticas legales generan una discriminación indirecta o desproporcionada hacia las mujeres en comparación con los hombres, colocándolas en una situación de desventaja jurídica o fáctica.
Un ejemplo típico es la penalización del aborto en determinadas causales (violación, malformación fetal, peligro para la vida de la madre) que no se castiga de la misma forma en otros estados o jurisdicciones, lo cual constituye una violación al principio de igualdad y no discriminación.
La Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado es una modalidad particular de la AVGM. No se basa necesariamente en un contexto de violencia física o feminicida, sino en la existencia de normas, políticas o prácticas institucionales que perpetúan una desigualdad estructural y discriminatoria hacia las mujeres. Su finalidad es que las autoridades reformen marcos legales o eliminen obstáculos normativos que impiden a las mujeres ejercer plenamente sus derechos: Derecho a la Salud Reproductiva y No Discriminación.
Organismos internacionales como la OMS, el Comité de Derechos Humanos y la CEDAW han subrayado que negar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva —incluido el aborto legal en ciertos casos—, puede constituir trato cruel, inhumano y degradante. México, al ser firmante de estos tratados, tiene la obligación de armonizar sus leyes y garantizar los derechos humanos de las mujeres, sin importar su lugar de residencia. Eso debería de ser el trabajo de los legisladores locales de Guanajuato.
La emisión de una Alerta de Violencia de Géneropor Agravio Comparado tiene profundas implicaciones: obliga al Congreso local y al Poder Ejecutivo a modificar leyes, protocolos o políticas públicas discriminatorias. También visibiliza la violencia institucional y la omisión del Estado como una forma de violencia de género. Socialmente, abre debates sobre los derechos sexuales y reproductivos, el papel de las iglesias, y los límites entre soberanía legislativa y derechos humanos universales.
Es muy fácil confundir los medios con los fines, o los efectos con las causas. La legislación para despenalizar la interrupción del embarazo no es un fin en sí mismo, no es el objetivo, es un medio legal para evitar que la violencia sexual, y las secuelas que le destrozan la vida a niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres violentadas, sean un destino inevitable. Al contrario, es para impedir que un hecho consumado, bajo situaciones aberrantes, que atentan contra la dignidad humana, sea una herida abierta para toda la vida.
Los hechos nos demuestran que existe un manto de tolerancia, encubrimiento, y complicidad a los acechadores, a los perpetradores, si sus actos y felonías fuesen sancionadas y penalizadas no tendríamos en las estadísticas judiciales a 4320 niñas y jóvenes violentadas y embarazadas, y de manera puntual, a las 660 niñas de entre 10 y 14 años que fueron abusadas sexualmente el año pasado, porque debe remarcarse que cualquier acto sexual con un menor de edad, es una felonía, ya que la menor no tiene la capacidad legal de consentir ese acto.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año pasado, hubo en Guanajuato, 366 homicidios dolosos contra mujeres, lo que equivale a una víctima por día, de esa cifra solo existen 15 carpetas de investigación por feminicidio, lo cual presupone una siniestra demora en la procuración de justicia. Igualmente, a la fecha existen 75 carpetas de investigación por aborto contra mujeres. Estas cifras, llevan expresamente, un mensaje intimidatorio, y revelan un camino de fatalidad para las mujeres, y de impunidad para los victimarios
Por eso la interrupción del embarazo no es un acto simple, es un hecho que deteriora la salud física y mental, y de repercusiones complejas en el entorno de vida de las víctimas, no solo por el acto de violenciasexual en sí mismo, sino por las consecuencias sociales y morales.
Es muy fácil repudiar a las víctimas, bajo los supuestos más enfermos, pero con los victimarios es silencio, complicidad e impunidad social e institucional. Porque, hay que decirlo con claridad, los principales agresores son abuelos, padres, tíos, hermanos, primos, padrinos, ministros religiosos, maestros, instructores deportivos o vecinos. Y la cifra negra, la que no se denuncia, es tan negra como la negligencia y omisión institucional como fue el caso de la “Ciudad de los niños”.
Además, cuando se denuncia penalmente, existe una revictimización constante al enfrentar a las víctimas con sus agresores y victimarios. Es una decisión que incluso pone en riesgo la vida de las víctimas,desgarra el tejido familiar, y apaga lentamente la alegría de vivir.
Por eso la interrupción del embarazo debe ser un derecho, y debe realizarse en condiciones hospitalarias dignas, seguras y con profesionales altamente calificados en un entorno de protección de las emociones y sentimientos de las víctimas.
Detener las causas de la violencia sexual, e inhibir las conductas de agresión es una tarea postergada por los organismos de procuración de justicia, mientras los perpetradores y acechadores caminen libres entre las familias, en las escuelas, en las instituciones, y en las calles, la interrupción del embarazo debe ser una opción legal para las víctimas, y no un linchamiento moral, o evento político electoral de quienes deben legislar y darle la certeza jurídica a un acto en donde se opta por la dignidad humana.
En este sentido, la propuesta feminista de “ocupar los espacios de poder, y con poder”, se ve reflejada por primera vez en la historia de nuestro país, con la presencia de la gobernadora de Guanajuato, Libia Denise García, y en la Presidencia de la República con la Doctora, Claudia Sheinbaum. Este punto de quiebre del ejercicio del poder masculino, de frente a las mujeres, no debe ser solo una fecha histórica, sino en los hechos, el derrumbe de un poder ofensivo que se ensañaba con los más débiles no solo por su condición de género, sino por los vacíos de la ley, y por la preponderancia de un pensamiento cultivado en los sótanos del infierno.
La reconstrucción de una sociedad que ponga el acento en el derecho de todas y todos a vivir con equidad, justicia, libertad, y felicidad, en donde no se requieran las cárceles, ni los hospitales para interrumpir no solo los embarazos, sino las vejaciones y los abusos de todo tipo, debe ser la meta inaplazable. Si no hay vejaciones, violaciones y sufrimiento, no habrá agravios, ofensas ni destrucciones.
AL FINAL.
Nuestras paisanas residentes en los Estados Unidos, y particularmente en los Ángeles, California están sufriendo como nunca el acoso, y la persecución inmerecida para deportarlos. El presidente Trump, no ha sido capaz de reconocerles el aporte sustancial a la economía, y al bienestar estadounidense.
Para nosotros ese trabajo, valor, dedicación y responsabilidad de nuestros paisanos le dan a Guanajuato y a su gente una mejor vida. Tan solo en elprimer trimestre de este año, remitieron a sus familias 1 mil 218 millones de dólares. Hoy somos el tercer lugar a nivel nacional en recepción de remesas.
Lo que pasa allá, no es asunto ajeno, es tan nuestro como el color de la piel y la misma sangre que corre en nuestras venas.
