MEZQUINIDAD Y PODER.
Por: José Luis Ramírez
El modelo de desarrollo de la ciudad se repite a lo largo y ancho del país. La ciudad consume bienes y servicios rompiendo un equilibrio en el gasto público. Para decirlo de otro modo, las zonas rurales se quedan abandonadas, enterradas, lejos del bienestar. La ciudad consume los presupuestos del municipio, e incluso llega a extremos, es decir al derroche y al uso frívolo de los recursos municipales.
Parece una idea simplista, decir que si todos pagamos impuestos, todos deberían tener acceso a su disfrute, o al gasto compartido. El municipio, la organización administrativa básica, es en donde se refleja el pago de los impuestos de manera muy clara. Pagamos por construir, por anunciar, por enterrar, por beber, por vender, por vivir en nuestra propia casa y en nuestro propio terreno, pagamos por usar drenaje, por usar alumbrado, etcétera. Son tantos impuestos, que hacen una suma global muy importante, pero que su distribución es poco equitativa, por no decir injusta.
Pero también el presupuesto del municipio se conforma por muchas y variadas aportaciones del gobierno federal y estatal, que desde luego, un porcentaje muy importante, igualmente son impuestos de toda la federación.
Le voy a dar datos del 2017 que nos pueden aclarar lo que menciono: por impuestos municipales se recuperaron 261.4 millones de pesos; contribuciones de mejoras por obras públicas, fueron, 10,1 millones de pesos; por derechos, 125,1 millones de pesos; por productos, 39,3 millones de pesos; por aprovechamientos, 439,9 millones de pesos; por ingresos derivados de financiamiento, 270 millones de pesos. Hasta aquí son ingresos municipales. Pero por participaciones y aportaciones federales y estatales, se recibió, 842,1 millones de pesos, y por remanentes, 241,6 millones de pesos. En total 2 mil 229,7 millones de pesos de ingresos. Es decir, dinero que debiera ser ocupado en todo el municipio.
Ahora bien. Ese dinero del ingreso se gasta de la siguiente forma: servicios personales, 617.7 millones de pesos; materiales y suministros, 92,03 millones de pesos; servicios generales, 222,7 millones de pesos; transferencias, subsidios y otras ayudas, 261.4 millones de pesos; bienes muebles, inmuebles e intangibles, 72,2 millones de pesos; deuda pública, 57,1 millones de pesos; y finalmente, en inversión pública, 906,3 millones de pesos.
Cerrando las cifras del gasto y del ingreso, tenemos que de los 2 mil 229 millones de pesos de ingresos, se destina a inversión pública, 906, 3 millones de pesos, y la diferencia: 1mil 323 millones de pesos, se ocupan en gastos administración. Es decir, se gasta más del 60% del ingreso, en administrar el municipio.
El municipio, de sus propios ingresos tiene más o menos de 1mil 145 millones de pesos. Y de ese monto, solo destina 17, 3 millones de pesos a obra pública, el resto, en su mayor parte es para pagar sueldos, teléfonos, papelería, imss, infonavit, vacaciones, transporte, gasolina, agua, luz, etc.). Le recuerdo, que solo en la compra de uniformes para los trabajadores municipales, se piensa gastar 23 millones de pesos.
La obra pública, se paga con dinero estatal y federal. En síntesis, podría decir que tenemos un gobierno parasitario que se alimenta de los ingresos que aporta la ciudadanía, y que solo en desarrollo de la ciudad se invierte una mezquina cantidad.
El hecho de que el municipio pueda destinar a obra pública, el ingreso estatal y federal, y casi todo su ingreso a gastos de administración, no significa que todo el municipio reciba por igual, algún beneficio. No. Señalaba líneas arriba el crecimiento desigual, injusto del municipio. Tenemos 65 comunidades rurales, de ellas, las mas grandes en población, San Miguel Octopan, Rincón de Tamayo, San Juan de la Vega, Roque y Tenería del Santuario, reciben una deplorable atención. De hecho las tres primeras, ni siquiera tienen acceso a agua potable. Las cabeceras de las comunidades, solo tienen los accesos y las calles principales pavimentadas, el resto de las pequeñas comunidades no cuentan con pavimento, y en muchos casos, son caminos de terracería.
La obra pública que han recibido, a pesar de ser poblaciones que mantienen un centenario asentamiento, es inequitativa. Si observáramos la antigüedad y el derecho en relación a poblaciones urbanas que reciben beneficios de manera inmediata por habitar desarrollos inmobiliarios privados, desde luego, realizados con infraestructura dotada con recursos municipales, nos daríamos cuenta del trato brutalmente desigual.
Las otras 60 comunidades prácticamente están abandonadas, apuestan su sobrevivencia a la vinculación con las comunidades más grandes. Debido a la precariedad de los bienes y servicios que tienen, recurren a la ciudad para obtener trabajo, educación, salud, recreación, y cultura artística. ¿Podríamos preguntarnos por qué la ciudad recibe mucho y las comunidades rurales poco, o nada?
Esta pregunta, es muy fácil de responder. Si el ingreso y el gasto es un acto de gobierno y de administración, que requiere en primer lugar ser aprobado por el Ayuntamiento, y luego por el Congreso del Estado, eso significa que quienes votan el presupuesto, no tienen el mínimo respeto a la población, no les importa, o de plano son ignorantes que no merecen tener una representación ciudadana.
El cinismo llega a las comunidades en cascada. Le comento un poco. La manera en que el gobierno municipal extiende su “administración” a las comunidades es cada tres años, se eligen delegados municipales. De acuerdo al Reglamento, una comunidad es una División territorial creada para efectos administrativos en las zonas rurales, de cuya organización social y vigilancia estará encargado el Delegado Municipal como auxiliar del Ayuntamiento.
Recuerda el dineral en gastos de administración que mencioné, bueno pues solo los cinco Delegados y subdelegados de las comunidades más importantes reciben un sueldo que va de 2mil pesos, a 3mil pesos semanales. Ellos jamás podrían viajar a Japón o Republica Dominicana a representar por cuenta propia a nuestro cajetero pueblo. Tienen una inmensa carga de trabajo, y prácticamente no cuentan con nada. Le recuerdo una anécdota, hace unos años, una expresidente municipal llegó a San Juan de la Vega, y entregó en una ceremonia dos camionetas al Delegado municipal, al segundo día llegaron por ellas y solo les dejaron una nítida fotografía de burla y cinismo.
Una siguiente pregunta que suele acompañar estas ideas que expongo, es la siguiente: ¿Por qué la población rural no se moviliza de frente a este atropello? Le cuento, desde hace años los Partidos políticos han utilizado recursos públicos para entregarlos a cambio de votos. Lo hacen a través de sus representantes, que casi siempre suelen ser los Delegados. Utilizan el desamparo social de la población para obligarlos a votar por ellos. Igualmente, generan temor y miedo con el apoyo de las direcciones municipales encargadas de “entregar” despensas, calentadores solares, pinturas, becas, cemento, laminas, tanques de agua, si la población se resiste a entregar su voto, es eliminado de las listas de “apoyos” y es hostigada. Como dijera mi querido Boni, ¡Y tengo fotos!
Las comunidades rurales, han sido dejadas en la marginación y el olvido porque son una reserva de votos que pueden manipularse con dádivas disfrazadas, si tuvieran desarrollo, trabajo, salud, educación, cultura, acceso a todo bienestar, empezaría a cambiar nuestro municipio. No se debe seguir atropellando el derecho humano de las personas a vivir con dignidad y con justicia. La próxima elección de los Delegados municipales, debe ser un ejemplo de limpieza política, y un punto de partida para que todos los celayenses tengamos una vida digna.
Revolcadero.
Vivir en la mentira, es vivir en un estado de fingimiento, en una desolación permanente.
