Herencia a la vista.
Por: José Luis Ramírez
A rio revuelto, los políticos y los vivales pescan a dos brazos. La herencia dejada por el innombrable ciudadano Lemus, asoma cada día: desorden administrativo, omisión en la observancia de reglamentos por parte de particulares y los encargados de su cumplimiento. Aunado a ello, la crisis de inseguridad que no parece terminar.
Desde el 2002 se intentó regular que los estacionamientos de las plazas y centros comerciales fueran y formaran parte del servicio que prestan a los consumidores y que fuera gratuito. Desde esa fecha, los comerciantes estaban obligados a tener un cajón de estacionamiento por cada 40 metros de construcción del área comercial. En el 2015 se reglamentó que los cajones de estacionamiento no deberían de ser objeto de lucro. Igualmente, se reglamentó su funcionamiento, su costo de acuerdo a las características del inmueble o sitio donde se proporcione dicho servicio, y las normas de seguridad que deben cumplir.
La llegada de más plazas comerciales, y el crecimiento de la población, asi como el hecho de que seamos una de las ciudades con mas carros por habitante, ha despertado el apetito de comerciantes que han utilizado los cajones de estacionamiento para lucrar con ello. Desde luego, esto no es generalizado, hay sitios donde se cobra y otros no. Hay sitios donde cumplen con la normativa y otros no. Por ello, la Comisión de Reglamentos que preside el regidor Ezequiel Mancera ha tenido que escarbar para poner en orden en este tema.
Un caso que salta a la vista es el estacionamiento de avenida Irrigación. Durante mucho tiempo el acceso fue libre, hace unas semanas pusieron casetas y barreras para impedir el acceso libre a los consumidores, y empezaron a cobrar. La gente denunció ese hecho. La dirección de desarrollo urbano, que no es ajena a este desorden, ya que su director sigue repitiendo en el puesto, clausuró la infraestructura ilegal. Hace tres días, nuevamente reiniciaron el cobro por el acceso al centro comercial, y hoy viernes que escribo esto, la autoridad municipal volvió a clausuran. Esta burla o necedad comercial, puede ser sancionada penalmente con un castigo de mas de cinco años por romper o violar los sellos que impuso el gobierno municipal.
Cito lo anterior porque el tema no es menor, existe un manto de oscuridad en la forma y en el tiempo en que se han entregado permisos para comercializar los cajones de estacionamiento. Lo cierto es que el acceso sin lucro a los cajones de estacionamiento, es el espíritu del Reglamento de Ordenamiento Territorial que fu expedido en el 2015. Es decir, quienes comercializan los espacios para estacionar los vehículos en las plazas o centros comerciales, están operando al margen de la Ley. Pero antes de iniciar alguno proceso sancionatorio se tendrá que investigar todo lo relacionado con su operación y funcionamiento.
Otro tema que nos ha inquietado es el posible aumento al transporte. Ha sido una información extraña, por un lado los concesionarios hablan de solicitar un incremento a las tarifas, y realizan actos de presión como retirar el pago con la tarjeta de prepago SIBE. Las tarifas han sido un elemento de discordia entre ciudadanos, autoridades municipales y permisionarias. Por un lado, los ciudadanos exigen un transporte eficiente, digno y al alcance del bolsillo de toda la gente, y por otro lado, los servidores públicos municipales, se convierten en defensores oficiosos de los concesionarios.
Si bien es cierto, que los factores económicos inciden en el costo de operación de un autobús, también es cierto, que les han sacado hasta la última gota de ganancias. En cada revisión de las condiciones de los autobuses, sale a relucir un enorme parque vehicular al que se le permitido operar con vehículos que ya han terminado su vida útil. No solo se les ha dado prórroga para el cambio de ellos, sino que ese acto pone en riesgo la seguridad y la vida de los usuarios. Pero no lo han comprendido, tampoco han valorado el hecho de que se les ha apoyado con dinero de los impuestos de todos los ciudadanos para que modernicen el transporte.
Cifras poco mas poco menos, pero han sido 20 millones de pesos, que les entregó el gobierno del Estado para que el transporte que ha pasado las revisiones técnicas, puedan equiparse con tecnología y con mejoras en favor de los usuarios. Muy pocas empresas han cumplido con ello. En la mayoría del transporte las condiciones internas y externas son deplorables. Los suburbanos, en particular son de un deterioro tremendo a simple vista.
Como dicen en San Pedro el Grande, el horno no está para bollos, y mucho menos para chantajes al gobierno municipal. Los transportistas “tecnificados” de un día para otro retiraron el pago con la tarjeta de prepago SIBE, y amenazaron con subir el transporte. ¿Recuerda como hace tres años armaron un tremendo teatro para imponer las tarjetas de prepago? Hoy la inversión en ese sistema, los permisionarios la descalifican, y roban los saldos en dinero de miles de personas que compraron las dichosas tarjetas, y simplemente no aceptan el convenio con el consumidor, e incumplen los acuerdos con el gobierno municipal que avaló los cambios y las formas de pago. En su momento se señaló el perjuicio a los usuarios del transporte, y el ciudadano Lemus, fiel a su necedad defendió ese sistema a capa y espada.
Esta herencia que arrastra la servidora pública, Elvira Paniagua, tendrá que enfrentarla de cara a los ciudadanos. No debe seguirse usando el gobierno municipal para legitimar acciones que vulneran la economía y la seguridad en los bienes de la gente. La alza al transporte, si la permite el Ayuntamiento desbordará el vaso y la ira de los celayenses. El cobro en las estacionamientos, si no es atajado de raíz, igualmente creará incertidumbre y desconfianza. La ciudadana Paniagua está sentada en la parte alta de la resbaladilla, cualquier movimiento la echará hacia abajo.
Revolcadero.
Ya tenemos director de seguridad pública, y directora de desarrollo social. ¿Le saldrá vana la nuez al municipio?
