Opinión

DOBLE O NADA

Por: José Luis Ramírez

Titulo: PAN: el sabor agridulce del fracaso.

El gobierno de Miguel Márquez Márquez está desfondado. La paz, la  seguridad y el bienestar de la sociedad están a la deriva. Eso pasa en Irapuato, León, Silao, Salamanca, Celaya, en los Apaseos, en Cortázar, Salvatierra, Villagrán, hasta en municipios tan pequeños como Tarimoro.

Guanajuato es uno de los lugares más violentos de la República Mexicana. Es una violencia incontrolable, e igualmente incastigable.  Se quebrantó la Ley, la omisión, la impunidad y la corrupción crecieron como hierba mala y han teñido de rojo y miedo nuestras calles.

Al primer cuatrimestre de este año, se contabilizaban más de 5 mil homicidios dolosos, duplicando la cifra del sexenio pasado. Y aunado a esto, la violencia intrafamiliar creció solo en el año pasado a 2433 denuncias en Irapuato, León y Celaya.

En el curso de este año, los feminicidios aumentaron a 126 en los últimos tres meses, a pesar de las reformas al Código Penal de Guanajuato que penaliza hasta con 70 años de prisión a los victimarios; los infanticidios, igualmente se han incrementado, recordemos los 8 multihomicidios de familias perpetrados hasta hace una semana. Y no hay justicia. Da la impresión que la procuración de justicia solo se mueve para encarpetar datos, y alimentarlos de juicios morales, pero no de resultados.

Según los mandos estatales de seguridad y procuración de justicia, los asesinatos se han originado por la disputa entre cárteles por la venta y trasiego de droga, y  la violencia es por los grupos criminales dedicados a “ordeñar” ductos de Pemex. Si bien eso es cierto, también es cierto que solo es el efecto; la causa principal, fue el hacer un lado la Ley, eso trajo la omisión, y la corrupción y la impunidad.

En los seis años de su gobierno, el ciudadano Márquez,  gastó 27 mil 375 millones de pesos en seguridad pública y procuración de justicia. Una cifra impresionante, con la que se podría haber creado  una planta como la de Honda que costo 16 mil 800 millones de pesos, 1 planta de transmisiones automáticas de 1 mil 600 millones de pesos como la que construyó la empresa Ford en Irapuato, y sobraria para cubrir el gasto anual de Celaya durante 4 años. E incluso, con tan solo los intereses de esa millonada, podíamos haber enviado de vacaciones de por vida, a los delincuentes y sus familias al mejor paraíso tropical. Pero nuestros días siguen siendo de terror y crimen.

Los discursos del ciudadano Márquez, fueron de un lado a otro culpando o justificando su nulo control de la inseguridad, y eran repetidos de manera mecánica en los municipios, pero por ningún lado aparecían las soluciones. En Celaya, el ciudadano Lemus coreaba los dichos del gobernador, con tan mal tino y desfachatez que hoy, el salario mínimo y él, puedo asegurar, son repudiados al mismo nivel.

El discurso y estrategia del ciudadano Márquez, para salir al paso de eventos de alto impacto, fue improvisado. Culpó a las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, y particularmente al artículo 19 constitucional, cuando la entrada en vigor fue el 18 de junio del 2016, cuatro años después de haber iniciado su gobierno, y claro, el de la misma delincuencia. Tuvieron 4 años para impugnar el cambio de delitos graves, a no graves, ya que esas omisiones perjudicaban la paz y la tranquilidad estatal pero no lo hicieron. Incluso el Pan, con Diego Sinhue, votó favorablemente las Reformas.

El ciudadano Márquez, trajo la policía militar, la policía federal, y con la policía estatal y municipal crearon el “mando único”, el “mando mixto”, el grupo de “coordinación”.  Por el lado de la presencia policiaca fue de suerte en suerte, hasta crear una zona militar en Irapuato para las fuerzas militares que vendrían a cuidar nuestras calles, todavía sin mayor éxito.

En el mes de septiembre del año pasado, habían sido “levantados” y asesinados tres policías salmantinos. El día del sepelio, la madre de uno de ellos, pronunció: “arriesgarse por poquito dinero no vale la pena”. Días más tarde entraría el “mando único”. Hace unas semanas fueron ultimados otros seis policías que se encontraban desarmados y sin protección corporal. Mermada la apuesta del gobernador, al ya no contar con más fuerza policiaca, llegó  al grado de permitir que vigilantes privados armados con macanas y silbatos cuidaran en las calles de Salamanca, contraviniendo  la Ley General del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Guanajuato.

Si bien la intención gubernamental, fue muy precisa en el sentido de aumentar la fuerza policiaca municipal, ésta fue a la baja. En el pasado mes de enero, señalaban  “iniciamos con mil 200 policías menos". La pregunta obvia era,  ¿Cuál es la razón, si dinero había a manos llenas? ¿Por qué los policías abandonaban los cuerpos de seguridad?

En Celaya, el Ciudadano Lemus había consentido la baja, hasta el mes de mayo, de 188 policías, sin contar los 14 asesinados y los seis desaparecidos. La sospecha de  corrupción en los mandos medios y altos, además del acoso sexual a las policías, y el maltrato laboral, revelaban la imposibilidad de tener una fuerza de seguridad confiable. Y las consecuencias están a la vista: Celaya está  dentro de los 8 municipios a nivel nacional con más robos violentos a negocios. En los dos primeros meses de este año se reportaban 650 robos, de ellos 375 fueron realizados con violencia. Los restauranteros, en el mes de marzo, señalaban: “se vino una desbandada impresionante, ya no lo podemos ocultar”. Ademas, no hay que olvidar que la mayoría de delitos no se denuncia por temor a represalias o por su inutilidad.

Desde luego, ni en el gobierno estatal ni el municipal han logrado tener éxito en la seguridad. Dos ideas saltan a la vista,  o no les importa, o no tienen claridad ni conocimiento para formular un proyecto de seguridad porque tiempo, dinero y fuerza policiaca lo han tenido como nunca.

La violencia rebasó instancias de seguridad, urge cambio de estrategias y de titulares, señalaba el 4 de junio, Guillermo Arreguín Fonseca, Presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado. Días más tarde, empresarios y Colegios de profesionistas de Celaya, Irapuato y Salamanca, exigieron al gobierno estatal, y a los gobiernos municipales, “acciones inmediatas y eficaces para poner un alto a la grave inseguridad que se vive en la entidad”.

Ante los hechos inocultables, los empresarios señalaban: "Es claro el fracaso de las estrategias implementadas, pues ni el programa Escudo, ni la instalación del cuartel de la policía militar, ni las acciones de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado han dado resultados”. ¿Qué ha pasado?

A esta pregunta, el gobernador,  el ciudadano Lemus, y ahora su candidata, la ciudadana Paniagua, han respondido, diciendo: el gobierno federal nos abandonó. De hecho su candidato presidencial, Ricardo Anaya, reitero el abandono, y señaló que solo había el apoyo de  200 policías federales. Omitió señalar la presencia de la policía militar, y la inversión de 450 millones que se hicieron para la ciudad que los alberga a ellos y sus familias. Cinco días después de su visita, llegarían otros 650 elementos federales (PFP),  pero el discurso sigue siendo el mismo.

El gobierno municipal y estatal, han sido incapaces de cumplir obligaciones constitucionales fundamentales. Son dos entidades autónomas. El gobierno estatal regido por su propio Congreso, y el gobierno municipal con su Ayuntamiento, definen y determinan sus políticas, planes y proyectos, así como su presupuesto en seguridad y demás temas.

Siguiendo la idea del abandono federal, tendríamos que explicarnos cuál fue la razón o razones de ello. Una, sería política,  pero el Pri y el Pan estuvieron votando juntos en el Senado y en el Congreso, prácticamente todas las iniciativas de ley, y todas las reformas  constitucionales. Fueron socios políticos.

Otra razón sería económica, pero Guanajuato tuvo un crecimiento en el ramo automotriz como nunca, esto no hubiese sido posible sin apoyo del gobierno federal. En otro sentido, en nuestro suelo no existen movimientos sociales de carácter político que tengan una relevancia nacional, ni tampoco es una caja de resonancia de inconformidad partidaria.  Preguntémonos nuevamente, ¿por qué el supuesto abandono? 

Un aspecto que resulta muy espinoso, es que aludan a una complicidad del gobierno federal con la delincuencia organizada, sobre todo cuando las evidencias de complicidad local, la han evidenciado los mismos delincuentes. El Obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia al respecto, señalaba hace unos días: “aquí no cantamos mal las rancheras, yo creo que si tienen algunos municipios metidos a la mafia”.

Después del Primero de julio, la correlación de fuerzas políticas cambiará radicalmente. En la Presidencia, en el Gobierno Federal, el Congreso y el Senado, tendremos la presencia preponderante de Morena, y por otro lado, en la gubernatura de Guanajuato viene la continuidad de un gobierno panista, derrotado por la inseguridad.

 ¿El Pan seguirá  justificando su incompetencia, cierta o simulada? Lo razonable es que dejen de hacer cuentas y promesas alegres en torno a su capacidad para abatir la inseguridad. La llegada de Diego Sinuhe, irrebatible así lo creo, tendría que comenzar por mandar un mensaje muy claro, de que soltará el lastre donde se ha anidado sino la corrupción,  sí la incapacidad, y tendría que pensar en otras estrategias conjuntas con el gobierno federal.

En Celaya, será imposible contener la ola de inseguridad repitiendo como loro lo que dice el gobernador en turno. Y además, sin posibilidad de dialogo con el gobierno federal, dada la inclinacion al choque y a la cerrazón de Elvira Paniagua. La debacle del ciudadano Lemus, su grotesca torpeza se la hereda de cuerpo entero.

El discurso que trae en la punta de la lengua doña Elvira, también corresponde a otra realidad. Su idea mecanicista de gestión, está rebasada. Habrá nuevos actores en todas las oficinas donde presume tener influencia. En ese sentido, Celaya sufriría las consecuencias.

Resulta paradójico que Diego Sinhue, y Elvira Paniagua, presuman tener la fórmula para abatir la inseguridad, dado que el primero, estuvo en un lugar clave para impedir el surgimiento de la delincuencia: desarrollo social. Y por el lado de Elvira Paniagua, recordemos que por sus manos pasó el desmesurado e inútil  gasto en seguridad, cuando presidió  las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, en la cual se analizó, estudió y aprobó  la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Estatal.

En un tema vital como la seguridad, la paz y el bienestar de la gente, el Pan está reprobado, aceptar la continuidad sería un suicidio. No pudieron o no quisieron, para el caso da lo mismo. ¿Por qué tendríamos que creerles de nuevo? Mejor… no lo diga.

Revolcadero.

Salga a votar, es la mejor medicina en contra de la corrupción, pero desde luego razone su voto.