By Redacción
La decisión del gobierno municipal de prohibir la detonación de petardos durante el Martes de Carnaval en San Juan de la Vega, parecía marcar un antes y un después. “Cero tolerancias”, advirtió el alcalde subrayando que las tradiciones deben respetarse… pero no cuando ponen en riesgo la vida.
La medida no fue voluntaria. Fue solicitada por el propio Comité Organizador de la Celebración de San Juanito de los Barrios, debido a los accidentes, amputaciones, daños materiales y jóvenes lesionados por explosiones cada vez más potentes. Lo que comenzó hace décadas con pequeños artefactos detonados con martillos ligeros se convirtió, con el tiempo, en una peligrosa escalada: marros de 14 libras y cargas de hasta medio kilo de material explosivo que han generado malestar y terror en la población. La tradición se salió de control.
El gobierno ofreció una alternativa: conservar el estruendo sin explosivos. Sin embargo, la prohibición fue desafiada dejando una escena de desconcierto y frustración en la comunidad. Desde las primeras horas de la madrugada las explosiones arreciaron. Durante horas las detonaciones fueron sistemáticas, y las patrullas ignoradas. La Guardia Nacional solicitaba la reubicación, pero no la suspensión.
Un centro de mando se instaló en la secundaria Otilio Montaño, mientras decenas de videos y fotografías circulaban en todo el país, y en otras latitudes mostrando los extremos sociales. Después de medio día, la autoridad municipal presentó a la prensa,marros decomisados, y una mesa llena de paquetitos de material explosivo, pero en San Juan de la vega, seguían explotando como reto al valor, paquetes de hasta medio kilo de explosivos que hacían volar a los martilladores. Incluso, sobre las vías férreas cuando el tren estaba en marcha.
Cuando parecía que se había cerrado el capítulo de las contradicciones y omisiones oficiales por el uso de material explosivo en la celebración de San Juanito, dos días después, 19 de febrero a mediodía, la realidad detonó en la zona industrial, pero ahora con una sonrisa de miedo y burla. El material decomisado explotó en la estación de Bomberos de la zona industrial.
El director de Protección Civil, Salomón Ocampo, minutos después, hizo varias afirmaciones, las resumo: “la explosión fue en la estación de bomberos; fue en la zona industrial; fue el material recolectado en San Juan de la Vega; estaba en resguardo; esperaban que fuera destruido; estaba en un espacio confinado; estaba en área separada de la estación de bomberos; había una temperatura alta; era un material inestable; el material reaccionaba a la temperatura; la explosión generó fuego en un pastizal cercano…”
Esto fue una revelación que generó más preocupación que tranquilidad porque la explosión se sintió en un radio de 3.5 kilómetros en uno de los espacios de la institución que la población considera la más segura y confiable: la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Celaya.
No era para menos, porque su función principal es “salvaguardar la integridad física de la población, su patrimonio y su entorno ante la posibilidad de desastres; del mismo modo, la ejecución de acciones integrales de prevención, auxilio y recuperación antes, durante y, después de cualquier eventualidad o siniestro que pueda afectar a la comunidad”.
La contradicción que fue motivo de bromas acidas, tuvo sentido: “sus actividades se centran en identificar peligros químicos, socio-organizativos; capacitación y supervisión de programas internos de protección civil en establecimientos; verificar las condiciones de seguridad en inmuebles y eventos de concentración masiva para mitigar riesgos antes de que ocurra una emergencia; coordinar los servicios de emergencia para brindar una atención rápida, eficaz y humana durante contingencias”. Es su función institucional.
Sin embargo, el director le adjudicó los hechos a lasuerte: “desafortunadamente se dio una situación…”, “afortunadamente no tuvo personas lesionadas…”. El andamiaje de la protección civil basado en la capacitación, en el conocimiento, y la respuesta técnico-científica basada en la identificación y análisis de riesgos, se derrumbó. La confianza en la protección a la vida, salud e integridad de las personas explotó.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, el viernes 20 de febrero informó que durante la festividad patronal en la comunidad de San Juan de la Vega se registraron 9 personas lesionadas, 2 detenciones por faltas administrativas y 9 intervenciones por posesión y detonación de petardos. Igualmente, confirmaron eldecomiso de “90 kilogramos de material pirotécnico”.
El director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, ese mismo día confirmaría que el materialexplosivo decomisado, fue el que detonó en la estación de Bomberos de la zona industrial, un sitio estratégico por la posibilidad de contingencias de alto impacto.
De los saldos de la explosión, informó que 12 empresas presentaron afectaciones en bodegas y oficinas; daños en 11 vehículos particulares que se encontraban en el exterior. Al interior informó que hubo daños en la propia estación, y resultaron afectados cinco vehículos particulares del personal y tres unidades oficiales.
Evidentemente la investigación de los hechos, debió de iniciarla la autoridad competente (Fiscalía Generalde la Republica), y el organismo de control municipal el mismo día de la explosión. Cuando el director, menciona: “estamos investigando qué es lo que pasó en su momento, ya estaremos viendo cuáles fueron las condiciones de por qué se dio este incidente”, prende otra alerta, el de la impunidad, porque no pueden ser juez y parte de los hechos, que otra vez, estremecieron a los celayenses. Y le doy algunas razones:
La pirotecnia constituye material explosivo regulado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Conforme a dicha legislación, la autoridad competente en materia de control, almacenamiento, traslado y destrucción de explosivos es la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Protección Civil puede intervenir ante riesgo inminente, pero no es autoridad técnica para almacenamiento permanente ni destrucción sin coordinación federal.
La Ley General de Protección Civil establece el principio de coordinación interinstitucional y gestión integral del riesgo. En caso de aseguramiento de explosivos, debe darse aviso inmediato a SEDENA y documentarse dicha actuación. La ausencia de constancia formal de coordinación podría constituir omisión administrativa.
El Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos exige que los explosivos sean almacenados únicamente en instalaciones autorizadas que cumplan condiciones técnicas específicas (distancias de seguridad, control de temperatura, separación por tipo de material, medidas contra fricción o calor). Una estación ordinaria de bomberos no constituye polvorín autorizado salvo que cuente con registro formal. Si no existe inmueble adecuado en el estado, ello no justifica almacenamiento improvisado.
Cuando una autoridad asegura bienes peligrosos se convierte en garante del riesgo. Si el daño se materializa bajo su custodia, puede configurarse actividad administrativa irregular. La Ley General de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece que el Estado debe reparar daños derivados de su actividad irregular, sin perjuicio de responsabilidades administrativas o penales individuales.
Desde luego, previa investigación por la autoridad competente para deslindar responsabilidades, y finalmente el pago autorizado por el Ayuntamiento sin dejar de lado que es una afectación al patrimonio del pueblo.
Si la autoridad municipal aseguró material explosivo, lo almacenó en instalación no autorizada, no acreditó coordinación técnica con SEDENA y el material explotó bajo su custodia, existen elementos jurídicos para sostener posible negligencia, omisión de medidas mínimas de seguridad y actividad administrativa irregular. Y eso no es un tema que se pueda pasar por alto.
Si estos hechos no se investigan con rigor jurídico, y se toman a la ligera, no solo estarán dejando abierta la puerta a la ola de desconfianza que se avecina, sino a días de dolor y luto como los vividos en el domingo negro de 1999.
¡Celaya merece un buen gobierno!
REVOLCADERO. Si una chispa puede incendiar una pradera, también una negligencia puede acabar con una ciudad. No hay que olvidarlo.
