By Por Ara Morales
Las acciones de sometimiento, y restricciones de parte de los hombres hacia las mujeres, por ejercer roles que salieron fuera de su control, han generado una violencia rabiosa, que ha culminado en el asesinato de mujeres en vulnerabilidad. Esto es el patriarcado: violencia física en todos los sentidos hacia las mujeres.
El 51.2% de la población de México es mujer, en el año 2006 se inició la pesadilla para ellas, se detectó un incremento en los registros de desapariciones de las mujeres, pasó de 242 denuncias a 1,429 en 2007; es decir, seis veces más de un año a otro. A partir de ahí, ha sido imparable.
En junio de 2011, se verificó la emisión de una reforma constitucional en materia de derechos humanos, que impactó al sistema jurídico nacional en su conjunto, y aproximó al Estado Mexicano al cumplimiento de estándares internacionales. Así, en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la positivización de los derechos humanos, ahora conocidos como derechos fundamentales, circunstancia que enmarcó obligaciones estatales expresas, a saber:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.
Pero eso de poco ha servido. Registros de la Subsecretaria de Derechos Humanos, dirigida por Alejandro Encinas, que depende de la Secretaría de Gobernación, indican que los estados de Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Guerrero y Chihuahua son los estados de la República donde la desaparición y asesinato de las mujeres presenta un incremento en las cifras.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), -fuente con mayor validez internacional para la medición de las defunciones por homicidios en México-, muestran que entre 2011 y 2021, las defunciones por homicidio de mujeres crecieron 732 por ciento en Guanajuato, al pasar de 65 a 541 asesinatos por año.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2018 a 2021, alrededor del 80 por ciento de las mujeres víctimas de homicidio doloso y feminicidio se concentraron en 17 municipios, con Celaya a la cabeza; le siguen León, Irapuato, Salamanca, Pénjamo, Apaseo el Grande, Acámbaro, Silao, Salvatierra, Valle de Santiago, Apaseo el Alto, Cortázar, Santa Cruz de Juventino Rosas, Dolores Hidalgo, Villagrán, Abasolo y la capital del estado, Guanajuato.
Con estos datos, Guanajuato es el estado con mayor riesgo para las mujeres, adolescentes y niñas. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ha identificado “formas extremas de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de ellas en Guanajuato.”
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considera la Violencia Feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado”. Aclara que, “se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio…”.
De acuerdo con el artículo 21, de la citada Ley, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado hacia las mujeres, tales como feminicidios, acoso callejero, laboral, escolar, doméstico, discriminación o violencia, eso los obliga a destinar mayor presupuesto a los centros de atención integral de las mujeres, profesionalización con certificación de los ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos especializados que atienden delitos de carácter sexual.
Lo anterior explica porque las autoridades de Guanajuato no activan la Alerta de Violencia de Género. Les importa más destinar el dinero del presupuesto a simular un desarrollo económico artificial, que la vida de las mujeres. No existe voluntad, ni sensibilidad social para reorientar el presupuesto estatal de seguridad a la contención de la violencia feminicida y las desapariciones.
En Guanajuato, la primera solicitud de Alerta de Violencia de género fue presentada en 2009 ante CONAVIM, por el Centro de Las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro A.C., y suscrita por 45 organizaciones y colectividades más. Ese primer intento de declaratoria fue rechazado por el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra Las Mujeres. En abril de 2014, por segunda ocasión fue solicitada, por Las Libres y el Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende por violencia feminicida, y fue respaldada por mil firmas de ciudadanos. Nuevamente la declaratoria fue rechazada en sesión extraordinaria. El 15 de marzo del 2022, la tercera solicitud fue realizada por la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de María del Rosario Piedra Ibarra, misma que fue aceptada en CONAVIM, el 17 de marzo del 2022. Hace un año.
A partir de la aprobación, la titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, ha sostenido encuentros con la Secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a quien le ha informado el proceso a seguir que consistió en la creación del Grupo de Trabajo para atender la SAVGM, conformado por representantes de INSMUJERES, CONAVIM, CNDHM, Mecanismo para el adelanto de las mujeres en la entidad, y 4 representantes de la Academia o de Centros de investigación, 2 nacionales y 2 locales especializados en violencia contra las mujeres.
El siguiente paso, debió ser la Investigación del Grupo de Trabajo, para estudiar y analizar la situación y determinar las posibles violaciones a los Derechos Humanos, esto se debió hacer mediante visitas de campo, entrevistas, obtención de información oficial, y con ello, generar un informe con las conclusiones y propuestas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Una vez terminado el Informe, debieron entregarlo a la SEGOB, y notificarle al Ejecutivo del Estado, en este caso al gobernador, quien tendrá 6 meses para darle cumplimiento. En ese lapso, el poder ejecutivo, judicial, legislativo y la Fiscalia del Estado de Guanajuato, presentarán a través de sus titulares, informes mensuales sobre las acciones implementadas.
La etapa final, es un Dictamen del Grupo de Trabajo, en donde se analizan las acciones realizadas por el estado, y se entrega a la SEGOB. A partir de las conclusiones de dicho Dictamen, la SEGOB DECLARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO EN CONTRA DE LAS MUJERES, o lo niega. Si se activa la DECLARATORIA de AVGM contendrá las acciones preventivas de seguridad y de justicia, así como el territorio que abarcará las acciones y medidas a implementar. Cabe destacar que se prevé que el Grupo de trabajo, entregue durante la última semana de este mes de marzo, el Informe para evaluar la activación de la Alerta de Género.
El Estado mexicano ha sido objeto de señalamientos por organismo nacionales e internacionales que puntualizaron la necesidad de rectificar diversos elementos del diseño normativo del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género, entre los que destaca, legitimar la participación activa de las Organizaciones de la Sociedad Civil en todas las fases del procedimiento instituido, pues actualmente, solo se autoriza la intervención en la etapa de solicitud de declaratoria. Finalmente, el Estado mexicano debe considerar estas recomendaciones, porque de lo contrario, se estaría abonando a la cultura de la simulación que permite el encubrimiento de la violencia feminicida.
La Secretaria de Gobierno, Libia Denisse, HOY TIENE EN SUS MANOS LA responsabilidad de agilizar la activación de LA ALERTA DE GÉNERO, ELLA HA EXPRESADO SU DESEO DE SER LA PROXIMA GOBERNADORA DEL ESTADO, pero Guanajuato, ENMEDIO DE UNA CRISIS DE SEGURIDAD, Y UNA VIOLENCIA SIN FRENO, no responderá a sus afanes políticos mientras no se generen los medios y las herramientas para frenar las masacres, el horror y la incertidumbre sistemática que vive la población y decenas de miles de mujeres.
Han transcurrido 14 años en que se solicitó por primera vez la activación de la alerta de género, a la fecha la violencia en contra de la población, y en particular en contra de las mujeres y las niñas, se sistematizó. El patriarcado se expresa también, y se invisibiliza en esa lentitud de muerte y violencia. En Celaya, hay niños y niñas que se quedaron esperando por el resto de sus vidas, el regreso de sus madres; y madres que siguen esperando que sus hijas e hijos aparezcan. Ese dolor ya hay que pararlo. ¡Ni una más, vivas nos queremos!
AL FINAL.
Defensa colectiva. El 16 de marzo, las alumnas del Cetis 115, conocido como Cetmeja, colocaron un tendedero de denuncias en uno de sus baños, denunciaron acoso, abuso y hostigamiento de personal docente; al siguiente día, se instaló una mesa de diálogo por parte de la dirección del plantel. Es muy importante que la institución genere protocolos de actuación para salvaguardar la integridad física, psicológica, académica de las alumnas. No olviden que el Articulo 12 de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, señala que, Constituyen violencia docente: aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras o maestros. Los desenlaces pueden ser inesperados.
