Opinión

CORRUPTOS HASTA LA MADRUGADA. Doble o nada

Por: José Luis Ramírez

Un gobierno corrupto genera una sociedad injusta, y de cierto, añadiría que es un círculo vicioso que crece, hasta a un punto en donde las instituciones dejan de ser útiles socialmente para ser suplantadas por la ley del más fuerte o del más corrupto. La sociedad paga con creces su omisión, indiferencia y exceso de confianza.

La violencia y la delincuencia que hoy padecemos ha colocado a nuestra ciudad como una de las más violentas del mundo, y esto en la vida real, a la población la tiene en la incertidumbre, en el temor, muerta de miedo, porque el “miedo pudre más que la muerte”, como lo dijera Horacio Quiroga. La corrupción fue su origen.

La Secretaría del Función pública define la corrupción como “el abuso de poder para beneficio propio”. Uno de los asuntos que son de notoriedad pública, es el enriquecimiento de las personas que ocupan cargos de elección popular, o de dirección en las instituciones públicas. Los mecanismos, señalan los expertos del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, son de una “sutileza” o tramado muy fino que son difíciles de descubrir, pero la sombra de la sospecha permanece, y los delincuentes siempre dejan una huella que al tiempo se puede rastrear.

El uso indebido, o el desvío de los recursos públicos, desde hace años ha sido una de las fuentes de corrupción que se combaten con poco éxito porque dentro de las instituciones se crea una red de complicidades, sobre la base de la presión, extorsión, o dividendos entre quienes formalizan y legalizan actos que, a todas luces, cómo definiría la Real Academia de la Lengua, apestan. La falta de confianza en las instituciones por actos de corrupción, en Celaya es un asunto de tercer orden, y hoy ha crecido a un tema de vida o muerte.

Hace unas semanas analicé la viabilidad de las compras de cámaras de videovigilancia desde el punto de vista de su utilidad, hice el recuento de las que están colocadas en la ciudad, incluyendo las del programa escudo, y las últimas que compró el anterior Secretario de seguridad, que no las toman en cuenta. El argumento del ciudadano Mendoza Márquez, fue que se veía muy borroso, y hoy cumple parte su promesa de campaña, al comprar dichas cámaras para crear una ciudad inteligente, es decir, una ciudad vigilada, que no es lo mismo que segura.

 

“Con ASIGNACION DIRECTA, comprará 264 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, CADA UNA costará 140 MIL PESOS. No habrá licitación dejando en duda la mejor oferta, la transparencia, legalidad y legitimidad del proceso de contratación”. Sobre esto, el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el proceso debe considerar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, financiamiento, calidad, oportunidad y demás circunstancias que contribuyan a preservar la hacienda pública estatal.

En esta primera compra PAGARÁ 45 de 131 millones de pesos proyectados. Se enlazarán al “Programa Escudo”, Sistema de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, por su acrónimo denominada “C5i”, y el C4, ambos espacios hacen uso de recursos tecnológicos similares, se retroalimentan desde hace 8 años sin mayor contundencia. Lo que se intenta hacer es regar el jardín cuando está lloviendo.

El C5i, se afirmaba desde el 2014 es para “fomentar una óptima coordinación operativa en materia de seguridad y procuración de justicia entre Federación, Estado y Municipio; y la modernización y fortalecimiento de los sistemas de información con tecnología de punta para la atención de emergencias”.

El proceso de compra de las video cámaras es importante por la cantidad, y por la importancia que manifiestan. Pero el proceso de ADJUDICACION DIRECTA, es uno de los mas socorridos por los servidores públicos para beneficiar a proveedores de bienes o servicios. Es uno de los actos mas rechazados por la ciudadanía en todo el país, pero poco observado, denunciado e investigado. Por eso la impunidad es la madre de la corrupción.

Los expertos señalan que la mejor manera para controlar la corrupción y disminuir la impunidad es construir una ciudadanía informada, participativa, activa y movilizada. “Entre el 2020 y 2021, el 67.4% de las personas opina que el lugar donde se comete mayor número de actos de corrupción es el Gobierno y el sector público”. De ahí la importancia de entender estos procesos de compra, que pueden ser objetados jurídicamente, y en su caso, aclarados para que no sean usados por la delincuencia de cuello blanco y la callejera.

Es básico que nos preguntemos ¿por qué el dinero de los contribuyentes se puede destinar para la compra directa a un proveedor, si hay un manto de sospecha y desconfianza ciudadana? Para las contrataciones públicas en el municipio de Celaya existe un Reglamento de Contrataciones, que se define como “de orden público, e interés general, y tiene por objeto regular, controlar y vigilar los actos y contratos en materia de adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y de prestación de servicios”.

El reglamento, señala la figura de Adjudicación directa, como el procedimiento administrativo a través del cual, el COMITE, asigna libremente a una persona un contrato para la adquisición, arrendamiento o enajenación de bienes y para la contratación de servicios. Me ocupo solo de esta figura, por el momento.

Bien, se habla de un Comité de contrataciones, que estará integrado por el Tesorero Municipal, Lourdes Herrera, quien lo presidirá; la presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento, Salud García; como Secretaria Técnica; Eugenio Gallego Sales, por cierto, NUEVO Director de Compras; los Vocales, un miembro de cada uno los partidos políticos del Ayuntamiento; y el Director Jurídico del Municipio. Finalmente, el Contralor Municipal, con derecho a voz, pero sin voto.

Del Comité de adquisiciones destacan las dos principales responsables (la presidente y la  secretaria  técnica), que fueron defraudadas con la promesa de entregarles cosas decomisadas del INDEP, a cambio de dinero de los impuestos, situación que aún no se esclarece del todo. Igualmente, la presencia de regidores de los partidos políticos, que han sido señalados como muy poco éticos, señalo el caso de Gaspar Aguado, quien es presidente de la Comisión Anticorrupción, involucrado en el indecoroso aumento del 28%, y del fracasado viaje a España por no justificarlo.

Por las cantidades que se gastarán, la adjudicación directa, debería ser anulada, es el mismo caso para la semaforización, pero no lo harán, fundamentan el hecho en el artículo 56, que menciona las excepciones a la licitación pública, y es en este supuesto: “Cuando el conocimiento público de las especificaciones de los bienes o servicios a contratar pudieran afectar la seguridad pública del Municipio (…). Desde luego es debatible, en función del objeto mismo de la compra, sus características, y la empresa que lo venderá. De eso hablaremos, en su momento.

La compra de las videocámaras, y la semaforización, podrían alcanzar un gasto similar a lo recaudado por el pago del impuesto predial del año antepasado, y sería muy superior al gasto que se haría en las 65 comunidades rurales. Desde luego, ambos proyectos por su propia naturaleza, tampoco se ejecutarían en las zonas rurales, en donde no hay luz, carreteras, o los elementos básicos para colgar una lampara, mucho menos para una cámara o la colocación de un semáforo. La zona urbana y la rural, generan una asociación cómoda y desbordada para las actividades ilícitas, por eso resulta, poco menos que absurdo, desarrollar la idea de una ciudad inteligente, que en el contexto de Celaya sería, otra vez, como tener una ciudad tuerta, en donde la zona urbana, sería el ojo que mira, mientras el otro oculta la visión, el tropezón y la caída.

Y la reflexión más importante, es que no hay fundamento que soporte la compra de tecnología para darnos seguridad, si se parte de formas que no logran dar certeza del uso de los recursos públicos, y mucho menos, cuando a lo largo de la historia de este país han sido el baúl de la corrupción, y ejemplo para la impunidad.

Revolcadero.

Clásica. Tanto peca el que mata a la marrana como el que le acaricia la pata.