By Cuando la omisión se vuelve estrategia y el cálculo sustituye al deber institucional
Estefanía Montero
Cortazar, Guanajuato
En el discurso oficial se insiste en la profesionalización del servicio público, en la responsabilidad institucional y en la obligación de quienes ejercen un cargo de actuar con firmeza y apego a la ley. Sin embargo, en la práctica cotidiana de la administración pública —particularmente en los gobiernos locales— existe un fenómeno poco reconocido pero profundamente dañino: el miedo de los funcionarios públicos a ejercer sus funciones.
No se trata de un miedo abstracto ni de una excusa retórica. Es un temor real, estructural y creciente, que atraviesa oficinas, direcciones y cabildos. Un miedo que paraliza decisiones, retrasa políticas públicas y vacía de contenido la función para la cual fueron designados o electos. Y lo más grave: ese miedo no es casual, es producto de un sistema que castiga la acción y premia la inacción.
El primer factor es el miedo partidista. Muchos servidores públicos no actúan conforme a la ley o al interés general, sino conforme a la lectura política del momento. ¿A quién beneficia esta decisión? ¿A quién molesta? ¿Qué dirá el partido? ¿Qué pasará en la siguiente elección? La lógica institucional queda subordinada a la lógica electoral. Así, una atribución clara en la norma se convierte en una “decisión riesgosa” si afecta intereses partidarios o equilibrios internos. Gobernar deja de ser administrar conforme a reglas y se transforma en un ejercicio permanente de cálculo político.
A ello se suma el miedo a la represalia interna. En no pocos casos, quienes ocupan cargos técnicos o directivos saben que una decisión correcta desde el punto de vista jurídico puede significar aislamiento, desgaste o incluso remoción. El mensaje implícito es claro: es preferible no firmar, no resolver, no mover nada. La omisión se vuelve una forma de autoprotección. En ese contexto, la valentía institucional se castiga y la mediocridad se normaliza.
El segundo gran factor es el miedo por razones de seguridad. En amplias regiones del país, ejercer una función pública implica exposición personal y familiar. Inspectores, directores, síndicos, regidores y presidentes municipales saben que aplicar la ley —cerrar un negocio irregular, negar un permiso, sancionar una falta— puede tener consecuencias fuera del ámbito administrativo. Ante un Estado que no siempre garantiza protección efectiva a sus propios funcionarios, muchos optan por el repliegue. No porque no sepan qué hacer, sino porque saben demasiado bien lo que puede pasar.
Este miedo es especialmente corrosivo porque introduce una lógica perversa: la ley se aplica solo cuando no incomoda a nadie peligroso. Así, la autoridad se debilita, la ilegalidad se normaliza y la ciudadanía aprende rápidamente que basta con presionar, amenazar o exhibir para doblar a la institución.
Un tercer elemento, menos visible pero igual de grave, es el miedo derivado de la falta de atribuciones claras o de la confusión normativa. La proliferación de reglamentos mal redactados, leyes contradictorias y competencias difusas genera un terreno fértil para la parálisis. Cuando nadie sabe con certeza hasta dónde llega su facultad, la decisión se posterga indefinidamente. El “no me toca” se convierte en coartada administrativa. Y en lugar de coordinarse o interpretar la norma con responsabilidad, se prefiere trasladar el problema a otra oficina.
A este panorama se suma el miedo jurídico: el temor a ser denunciado, auditado o exhibido por tomar decisiones que, aunque legítimas, pueden ser impugnadas políticamente. En un contexto donde los órganos de control a veces se usan como instrumentos de presión y no como mecanismos de mejora institucional, muchos funcionarios optan por una administración defensiva. No hacen lo que se debe hacer, sino lo mínimo indispensable para no dejar huella.
El resultado de todo esto es una administración pública timorata, reactiva y burocratizada, incapaz de responder con eficacia a los problemas sociales. Los expedientes se acumulan, las decisiones se dilatan y la ciudadanía percibe —con razón— que nadie quiere hacerse responsable. El Estado aparece entonces como un ente lento, distante y, en el peor de los casos, irrelevante.
Conviene decirlo con claridad: el miedo no puede ser el principio rector del servicio público. Quien acepta un cargo asume una responsabilidad que implica decisión, carácter y convicción institucional. No se trata de actuar con temeridad ni de ignorar los riesgos reales, sino de entender que la función pública no es un refugio personal, sino un encargo social.
Superar este fenómeno exige varias cosas. Primero, liderazgos políticos que respalden a sus equipos cuando actúan conforme a la ley, incluso si la decisión es impopular. Segundo, marcos normativos claros, bien diseñados y actualizados, que reduzcan la discrecionalidad y la ambigüedad. Tercero, condiciones reales de seguridad para quienes ejercen funciones sensibles. Y cuarto, una cultura administrativa que valore la responsabilidad y no la simulación.
También implica reconocer que no todo se resuelve con discursos sobre vocación de servicio. El problema no es moral; es estructural. Mientras el sistema castigue al que decide y proteja al que se esconde, el miedo seguirá gobernando desde las sombras de la administración pública.
En tiempos de crisis institucional, lo verdaderamente transgresor no es gritar más fuerte, sino hacer lo que la ley manda, cuando corresponde y sin titubeos. Gobernar implica decidir. Y decidir, inevitablemente, implica incomodar. Quien no está dispuesto a asumir ese costo quizá debería replantearse su lugar en el servicio público.
Porque un Estado paralizado por el miedo no protege a nadie. Y una autoridad que no ejerce sus funciones deja de ser autoridad, aunque conserve el cargo y el sueldo.
