By Una mirada crítica desde México ante la crisis venezolana y el papel de Estados Unidos
Estefanía Montero
Cortazar, Guanajuato
La historia de América Latina está marcada por la tensión entre soberanía y poder hegemónico. En las últimas semanas, el mundo fue testigo de un acontecimiento histórico y profundamente polémico: la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo que ha sido calificado por la ONU como una violación al derecho internacional.
Para muchos, la caída de Maduro representa el fin de un régimen autoritario que vulneró sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, celebrar la caída de una dictadura no puede ni debe confundirse con aplaudir una intervención extranjera que obvia la soberanía de un pueblo y pone en jaque los principios que sostienen el orden internacional.
Venezuela: ¿liberación o transgresión?
Al analizar el caso venezolano, no podemos ignorar dos hechos: por un lado, el régimen de Maduro acumuló un historial de violaciones a la democracia y a las libertades fundamentales; por otro, la acción militar estadounidense se realizó sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual, según expertos en derecho internacional, constituye una grave transgresión del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado.
Organizaciones como el Instituto Novact para la No Violencia han denunciado que esta intervención no sólo vulnera normas internacionales, sino que abre un peligroso precedente: legitimar la idea de que una potencia puede intervenir a su antojo bajo pretextos de seguridad o lucha contra el narcotráfico, incluso cuando esos fines podrían haber sido abordados mediante cooperación multilateral y no mediante fuerza unilateral.
Mientras algunos líderes celebran, otros gobiernos de la región incluido México han expresado su rechazo categórico a este tipo de operaciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México calificó el operativo como una violación a la Carta de la ONU y subrayó que América Latina debe ser una zona de paz, donde los conflictos se resuelvan por la vía del diálogo y del respeto a la autodeterminación de los pueblos.
La doctrina de no intervención: un principio esencial
La política exterior mexicana, consagrada en la Constitución y en tratados internacionales como la Carta de las Naciones Unidas, se basa en principios irrenunciables: respeto a la soberanía, no intervención en asuntos internos de otros Estados y solución pacífica de controversias. Estos principios no son retórica diplomática, son pilares que protegen la autonomía de naciones frente a la posibilidad de coerción o intervención externa.
En 1902, la llamada Doctrina Drago articuló un antecedente legal y político en América Latina reconociendo que ninguna potencia extranjera puede usar la fuerza para exigir el pago de deudas ni intervenir en los asuntos internos de un país soberano. Aunque germinal, esta doctrina reflejaba una aspiración regional de limitar cualquier forma de intervención arbitraria.
El respeto a la soberanía no es indiferencia ante contextos de abuso o tiranía. Es el reconocimiento de que la solución de conflictos internos debe surgir del propio pueblo, mediante procesos políticos y sociales genuinos, no por imposición externa. La diferencia es fundamental: celebrar la caída de un dictador no justifica la vulneración de las normas que sostienen la coexistencia pacífica entre Estados soberanos.
Riesgo latente para México
Frente a este contexto, surgen advertencias que México no puede ignorar. El aumento de tensiones, junto con declaraciones públicas de sectores estadounidenses que no descartan acciones más amplias para enfrentar amenazas transnacionales —desde el narcotráfico hasta la seguridad hemisférica obliga a reflexionar sobre cómo evitar convertirnos en escenario de una lógica militarizada de seguridad.
La historia reciente demuestra que intervenciones de este tipo difícilmente respetan los objetivos declarados. En Panamá (1989) y en Irak (2003), por ejemplo, el resultado fue inestabilidad prolongada y cuestionamientos internacionales sobre la legalidad y legitimidad de la acción militar. Hoy, la comunidad internacional debate si el operativo en Venezuela constituye una “operación de aplicación de la ley” o una transgresión del orden jurídico internacional.
Si el debilitamiento de un gobierno dictatorial es aplaudible en abstracto, la utilización de fuerza unilateral juega con fuego: erosionar los acuerdos de paz y seguridad colectiva puede allanar el camino para futuras acciones, ya no solo en Venezuela, sino en otros países de la región.
México y la protección de la soberanía
La política de México, desde la doctrina de no intervención hasta su activa participación en organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU, ha sostenido que las soluciones pacíficas y la cooperación son mejores garantes de derechos humanos que la fuerza militar unilateral. Esta postura no es pasividad; es estrategia de dignidad y respeto internacional.
Además, organismos de la sociedad civil y académicos han alertado que justificar una intervención militar bajo la bandera de la seguridad puede tener costos elevados: pérdida de vidas civiles, tensiones diplomáticas irreparables y debilitamiento del derecho internacional. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por ejemplo, ha rechazado enérgicamente el uso de la fuerza en Venezuela y ha llamado a priorizar la diplomacia y el multilateralismo.
¿Qué sigue para México?
México debe mantener una postura firme: rechazar cualquier forma de intervención extranjera que ponga en riesgo la soberanía nacional y promover mecanismos multilaterales para enfrentar desafíos compartidos. El combate al narcotráfico, la violencia y la inseguridad no se resuelve con invasiones militares, sino con cooperación judicial, intercambio de inteligencia, fortalecimiento institucional y políticas públicas que aborden las raíces del problema.
Conviene recordar que incluso en contextos de crisis profundas, los pueblos tienen el derecho inalienable a decidir su futuro político sin injerencia externa. Celebrar la caída de una dictadura es legítimo; celebrar la erosión del derecho internacional no lo es.
