By Redacción
La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena, Miriam Reyes Carmona, presentó la iniciativa de Decreto que reforma la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato con el propósito de garantizar de forma permanente la participación política de grupos históricamente excluidos.
La diputada Reyes Carmona subió a tribuna con “profunda convicción” y sentenció que hablar de acciones afirmativas es hablar del reconocimiento, la dignidad y la justicia social para los ciudadanos. La legisladora recordó que la democracia no es igualitaria ni incluyente, citando el ejemplo de la lucha de las mujeres para poder votar y ser votadas hasta el año 1955 a nivel federal: “Esta iniciativa busca dar certeza jurídica, incorporando de forma expresa las acciones afirmativas dentro de nuestra legislación electoral. Se trata de un tema de justicia, para saldar las deudas históricas que tenemos con los más olvidados”.
La legisladora de Morena argumentó que si bien el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) emitió un acuerdo para el proceso 2023-2024, que fue impugnado y ratificado por la Sala Regional Monterrey, estas medidas son solo acuerdos temporales o resoluciones judiciales, y no un marco jurídico claro y permanente. El objetivo de la reforma es evitar que la libertad de auto-organización de los partidos se utilice como pretexto para cerrar las puertas, obligándolos a reflejar la diversidad real del pueblo.
La reforma mandata una inclusión mínima obligatoria para las candidaturas a diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores, en favor de los siguientes grupos:
• Personas con Discapacidad Permanente
• Personas Afromexicanas residentes en el estado
• Personas Migrantes
• Personas de la Diversidad Sexual y de Género
• Personas pertenecientes a Pueblos y Comunidades Indígenas (en candidaturas a diputaciones).
La diputada de Morena concluyó que la democracia “se fortalece cuando sus proponentes reflejan la diversidad real del pueblo guanajuatense” y que la reforma es el mecanismo para que los grupos que “merecen ser escuchados y representados” puedan decidir.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales para su estudio y dictamen.
