Opinión

La principal razón: la incompetencia de los gobernantes

Abonando a los cambios en el entorno político nacional, este jueves pasado el poder ejecutivo liberó la instrucción a los diputados priistas y afines (es decir, los que ya se salieron de las reglas de sus partidos para seguir las del partido en el poder) para que se inscribiera para su votación la ley de seguridad interior. La polémica sobre el marco legal que ampare a las fuerzas armadas en su actuación con la delincuencia, las circunstancias en las que podrá intervenir y los términos en que deberá conducirse.

Durante meses se ha discutido la ausencia de un marco normativo constitucional para la intervención de las fuerzas armadas en el combate a los delincuentes, se han multiplicado las acusaciones al ejército por violación de los derechos humanos por parte de los militares.

Hace 11 años el presidente Calderón decidió sacar al ejército de sus cuarteles para combatir al crimen organizado, habrán pasado cuatro legislaturas y por fin hay un marco legal. Si se justifica o no es un asunto de múltiples interpretaciones. Le declaró la guerra a la delincuencia y para ello hizo intervenir a las fuerzas armadas, no sólo no ha disminuido el crimen en nuestro país; ha crecido, se ha diversificado, ha crecido en su capacidad táctica y manejo de información. 

En el transcurso de los últimos 10 años los gobiernos estatales y municipales han recibido 176 mil millones de pesos, se implementaron los controles de confianza sobre el personal de seguridad de las entidades. Nada ha mejorado en seguridad.

La realidad es que el equipamiento, la estructura policiaca, la infraestructura, los sistemas de información policiaca ha costado el equivalente a cinco veces más que lo que cuesta que las fuerzas armadas asuman responsabilidades de seguridad interior. Tomado de los decretos presupuestales en el mismo periodo el ejército ha recibido 32 mil millones, los gobiernos han recibido 176 mil millones. 

Sin embargo la ley aprobada el jueves, una ley corta: de 34 artículos y 4 transitorios le da marco jurídico a la actuación de los militares y amplísimos poderes al ejecutivo federal para ordenar la actuación de los militares en los temas de la seguridad interior: – El presidente podrá ordenar la intervención del ejército cuando así lo considere o a petición de parte de las legislaturas locales. 

– Determinará la procedencia de la intervención de la federación. 

– Podrá ordenan acciones inmediatas.

– Los actos realizados deberán someterse a la preservación de los derechos humanos.
 

– En los casos de perturbación grave de La Paz pública y cuya atención requiera la    suspensión de los derechos humanos. 

– Las protestas electorales no se consideran amenazas a la seguridad interior. 
 

– Deberá fijar plazos para las intervenciones, que no pasen de un año.

-Desarrollarán actividades de inteligencia por cualquier método. 

Solo por mencionar las atribuciones que recibe el ejecutivo federal en función de la actuación de las fuerzas armadas para la seguridad interior. 

La realidad es que ningún gobierno estatal ha resuelto la eficacia de sus estructuras policiacas, la delincuencia multiplica sus acciones de manera versátil y casi siempre está latente la colusión de las autoridades con los delincuentes. 

Es pregunta. ¿En el supuesto de la intervención de grupos de delincuentes en los procesos electorales del 2018 y sabiendo qué hay trabajos de información por parte de las fuerzas armadas justificadas en el marco de la nueva ley, ordenará el ejecutivo la actuación del ejército y la marina para someter a los políticos en contienda electoral?

Hasta la próxima PROSPECTIVA.

José Gerardo Mosqueda Martínez,

Presidente del Instituto de Administración Pública de Guanajuato 

iap grande sin dondopresidente@iapguanajuato.org, gmg@gerardomosqueda.com.mx

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